Libertad de prensa: el Estado será quien determine lo que es falso y lo que no lo es

La alarma ha saltado en los medios de comunicación y entre los usuarios de los mismos tras la puesta en marcha por parte del Gobierno de una serie de medidas que ayudarán al Ejecutivo a controlar los medios en España.

El Ministerio de la Presidencia ha publicado en el BOE el Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional, capitaneado por Iván redondo. Este nuevo plan incluye la creación de una Comisión Permanente contra la desinformación que estará conformada por miembros del Departamento de Seguridad Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, el Gabinete de coordinación y estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes y la SEDIA.

“La Comisión Permanente contra la desinformación se establece para facilitar la coordinación interministerial a nivel operacional en este ámbito. Coordinada por la Secretaría de Estado de Comunicación y dirigida por el Departamento de Seguridad Nacional”. El objeto de esta comisión es el control de las «noticias falsas», lo curioso es que será el Estado quien determine lo que es falso y lo que no lo es.

Miguel Ángel Oliver, Secretario de Estado de Comunicación estará al frente de esta nueva comisión. Oliver, conocido por censurar las informaciones no afines al Gobierno, puso en marcha una estrategia que censuraba a medios nacionales en las ruedas prensa en las que se informaba sobre la pandemia.

Niveles de actuación

  • Nivel 1: Nivel con capacidad para actuar a nivel técnico de detectar, realizar la alerta temprana y notificar según su comunidad de referencia.
  • Nivel 2: Nivel con capacidad para apoyar la coordinación, sincronizar y priorizar todos los esfuerzos en la lucha contra la desinformación
  • Nivel 3: Nivel en el que se adoptan decisiones y marcan objetivos de carácter político-estratégico con el objeto de hacer frente a una campaña de desinformación.
  • Nivel 4: Nivel de gestión política en el marco del sistema de seguridad nacional.