El Congreso ha dado luz verde a la enmienda educativa impulsada por Isabel Celaá, conocida como LOMLOE, pactada entre el Gobierno y los nacionalistas catalanes de ERC para blindar el modelo de inmersión lingüística en Cataluña. El castellano dejará de ser lengua vehicular de la enseñanza, a diferencia de lo que garantizaba la ley educativa aprobada en 2011.
La alianza de los socialistas con Unidas Podemos y Esquerra Republicana sacaba adelante ayer, en la ponencia de la ley Celaá –la nueva ley de educación–, la restitución del modelo lingüístico anterior a la ley Wert, aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy en el 2013 y que convirtió en “vehicular” el castellano en todo el Estado. Es decir, se devuelve a la norma educativa los principios de política lingüística aplicados hasta entonces, incluido el modelo de inmersión catalán.
El texto original de la ley Celáa establecía que “el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares” y era visto desde el independentismo catalán como un ataque al sistema de inmersión lingüística en Cataluña, que impone que toda la educación sea en catalán salvo la asignatura de lengua castellana y la de lengua extranjera. El Gobierno, para trabajarse el apoyo con ERC, decidió cambiarlo.
Casado escenifica hoy en Cataluña su apoyo al español
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, acude hoy a Barcelona donde se reúne con varias entidades que defienden el bilingüismo en Cataluña.
Casado estará acompañado por el presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández. Ambos visitarán primero la Cámara de Comercio de Estados Unidos y, a continuación, se reunirán con la patronal catalana Foment del Treball.
Posteriormente, Casado y Fernández mantendrán un encuentro con diferentes entidades que defienden el bilingüismo en Cataluña, entre las que se encuentran Universitaris per la convivencia, el sindicato AMES, S’ha Acabat, la Asociación Escuela Bilingüe, Impulso Ciudadano y Profesores por el Bilingüismo.
El PP ya ha anunciado su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional la ‘ley Celaá’ si el Gobierno excluía el castellano como lengua vehicular.
