El Principado de Asturias se comprometió el pasado 20 de septiembre a convocar ofertas de empleo público “cada año” de acuerdo a la legislación vigente. Así lo afirmó la consejera de Presidencia, Rita Camblor, pero aludió también a las posibilidades que ofrezcan los presupuestos generales del Estado.
La titular de Presidencia tiene por objetivo reducir el porcentaje de interinidad. Margarita Vega, directora general de Función Pública, mantiene que esa ratio se encuentra en estos momentos en el 24%, elevándose este porcentaje en Sanidad y Educación.
Vega adelantó hace unos días, en esta misma comparecencia, que el ejecutivo liderado por Adrián Baerbón tiene la intención de sacar una nueva oferta pública “antes de que finalice el año”.
1.600 plazas para el año 2019 y la reducción de la interinidad
Las áreas que se verán más beneficiadas de este impulso al sector público son, en 2019, Administración general y educación. La cifra es de unas 800 plazas, aunque podría doblarse si se tiene en cuenta el número de plazas previstas para Sanidad, aún pendientes de concretar.
Rafael Palacios, diputado de Podemos, respondió a las preguntas de los medios de comunicación manteniendo que van a ir al máximo número de plazas que permita la legislación nacional.
Con este anuncio, el Gobierno del Principado se compromete a reducir la tasa de interinidad de los funcionarios de la Administración autonómica del 24% actual hasta un futuro 8%.
En números absolutos, el objetivo es convertir en fijas a 6.000 de las 9.000 plazas de funcionarios interinos existentes en la actualidad en la comunidad. La plantilla actual de funcionarios en Asturias se estima en unos 36.000 trabajadores.
Rita Camblor prometió también reforzar el diálogo con los trabajadores para afrontar la modernización del sector público y retornar el proyecto de Ley de Empleo Público.
¿Cómo preparar las oposiciones? ¿A qué academia acudir?
Las convocatorias masivas de empleo público a través de convocatorias de oposiciones son un reclamo que utilizan los centros de formación para captar clientes que desean prepararse estos exámenes.
Si estás en ese proceso y llegas de nuevas a todo lo que supone preparar unas oposiciones, la opción de acudir a una academia para formarte es muy aconsejable, si bien la duda es qué centro escoger, dónde matricularse. En Oviedo, las academias se multiplican.
Para ayudar a los opositores, la Unión de Consumidores UCE ha elaborado un listado de recomendaciones y precauciones que deben tener en cuenta las personas que apuesten por preparar las oposiciones en estas academias.
La UCE advierte que la competencia entre los centros de formación y su oferta de servicios es muy amplia y diversa, y que no hay que prestar atención únicamente al precio para decantarse por una academia u otra.
Las recomendaciones de la UCE para escoger centro de formación
Existen algunos problemas asociados a la elección de centro o la firma de un contrato de financiación para cubrir el pago de las cuotas: dificultades en la entrega de material de estudio, falta de actualización de los temas, problemas para rescindir el contrato de formación o de financiación, suspensión de las clases presenciales o tutorías online…
Para poner freno a estas situaciones, desde la UCE proponen seguir unas pautas previas a la firma del contrato de formación.
La primera de ellas es comparar las condiciones de las distintas academias de formación y valorar aspectos como la duración del curso, la actualización de los materiales, la experiencia técnica y docente de los profesiores, los tipos de clases y el ratio de aprobados en otras convocatorias de empleo público.
Asimismo, desde la Unión de Consumidores plantean alternativas para los usuarios que tengan problemas relacionados con el centro de formación en el que cursan la preparación para las oposiciones.
Los clientes tienen a su disposición mecanismos de rendición de cuentas ante el centro de formación: pedir las hojas de reclamaciones oficiales que toda empresa debe tener, contactar con el servicio jurídico de la UCE para iniciar una reclamación y mediar con la empresa o bien valorar la posibilidad de interponer un arbitraje para la resolución de conflictos.
La última acción a tomar es acudir a la vía judicial, pero esta opción es únicamente deseable en caso de que las anteriores no hayan surtido efecto y el cliente siga viendo mermados sus derechos como consumidor.