Nicolás Maduro, sucesor del fallecido expresidente Hugo Chávez Frías llegó al poder como “el elegido” de Chávez para continuar con su revolución socialista, pero también llegó a través de unos resultados electorales bastante cuestionables.
No obstante, pese a que su contrincante opositor Henrique Capriles anunciaba en abril de 2013 que se trataba de un fraude electoral, Maduro fue igualmente juramentado para el período presidencial 2013-2019; comenzando de esta forma el hundimiento definitivo de la economía venezolana.
A tan sólo un año de su mandato, en el 2014, el precio del petróleo, que siempre ha significado más del 95 por ciento de los ingresos en divisas de Venezuela tuvo un súbito desplome, al pasar de más de 110 dólares el barril a menos de 30 dólares en un año.
La inflación en Venezuela iba subiendo de manera estrepitosa y sin sentido, y por otro lado el endeudamiento del país era cada vez mayor.
En este contexto, el descontento popular empezó a incrementarse y aquí es cuando gran cantidad de chavistas que habían apostado por Nicolás Maduro para continuar con “el legado del comandante eterno” se comienzan a percatar de que Maduro no estaba capacitado para llevar las riendas del país y mejorar la economía.
Es por ello que, en el 2015, en medio de una creciente crisis económica, el chavismo sufre la peor derrota electoral de su historia, al perder las elecciones parlamentarias que se llevaron a cabo en diciembre de ese año, en las que la oposición obtuvo casi el 60 por ciento de los votos y dos tercios de los escaños de la Asamblea Nacional.
Ante esta situación, la Asamblea Nacional saliente (de mayoría chavista), decide arbitrariamente designar a 13 magistrados principales y 21 magistrados suplentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), muchos de ellos con vínculos claros con la línea política gobernante, los cuales, injustamente prohíben la proclamación de cuatro diputados por el estado de Amazonas, de los cuales, tres eran opositores. Esto marcó el comienzo de una disputa entre el Poder Legislativo y los demás poderes públicos.
Ya en el año 2016, el nuevo Parlamento de mayoría opositora se constituye y decide ignorar la sentencia del TSJ al juramentar a los 112 diputados (sobre un total de 167), incluyendo a los tres parlamentarios opositores de Amazonas. El máximo tribunal responde a esta acción suspendiendo virtualmente todos los actos emanados del Parlamento. Y ese mismo año, cuando Nicolás Maduro tan sólo había cumplido la mitad de su mandato, la oposición venezolana introduce una solicitud formal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para activar un referendum revocatorio contra el presidente Maduro, medida electoral que, por cierto, está avalada en la Constitución. Surge entonces una diatriba política, la economía venezolana entra en una espiral de recesión y como consecuencia se produce una escasez abrumadora de productos básicos y Venezuela llega a la tan temida: hiperinflación.
Después de transcurridos varios meses, ya en el año 2017, el Tribunal Supremo de Justicia, emite dos sentencias en las que señala que «mientras persista la situación de desacato» del Parlamento por juramentar a los diputados de Amazonas, el propio tribunal supremo será quien asumirá las competencias del Poder Legislativo.
Ante esta nueva situación irregular, la hasta entonces fiscal general, Luisa Ortega Díaz, públicamente denunció que en Venezuela se produjo «una ruptura del orden constitucional» y con este pronunciamiento, la oposición venezolana decide convocar un movimiento de protestas masivo en contra del régimen de Maduro.
Estas protestas se llevaron a cabo en todo el territorio nacional y fueron duramente reprimidas durante tres meses por el Gobierno, dejando un saldo lamentable de cientos de heridos y más de 150 muertos.
Paralelamente a este escenario de protestas, el gobierno de Maduro decide crear una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que pasaría a funcionar ilegítimamente y sabotear las decisiones del verdadero parlamento (de mayoría opositora). Es entonces como el 4 de agosto de 2017 se instala la ilegítima ANC, un organismo con plenitud de poderes que es desconocido por la oposición y buena parte de la comunidad internacional.
Ya en el 2018 la ANC decide adelantar las elecciones presidenciales para abril de ese año, cuando históricamente se habían celebrado en diciembre. La mayor parte de la oposición rechazó esta medida porque además de ser ilegal, estuvo liderada por este organismo ilegítimo que no podía de ninguna manera garantizar unas elecciones libres. Sin embargo, el dirigente de centro y ex militante del chavismo Henri Falcón decide postularse como contrincante de Maduro.
El 20 de mayo de 2018 se llevan a cabo estas elecciones que fueron desconocidas y rechazadas por la mayor parte de la oposición y también por gran parte de la comunidad internacional. En dichos comicios Maduro obtiene nuevamente una “cuestionable” victoria que fue considerada por la oposición y por varios países como un nuevo fraude electoral.
A partir de este momento Nicolás Maduro empieza a ser considerado por la oposición como un presidente ilegítimo que triunfó en unas elecciones adelantadas y sin garantías, que se hicieron fuera del período que establece la constitución.
Es así como en enero de 2019 cuando Maduro decide juramentarse para el nuevo período electoral, la oposición venezolana paralelamente, apegada a lo establecido en la Constitución, impulsa la juramentación del presidente de la Asamblea Nacional y miembro de Voluntad Popular, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela, alegando que existe en Venezuela un vacío de poder y deben convocarse elecciones libres y transparentes.
Para sorpresa de muchos, el opositor Juan Guaidó empieza a recibir el respaldo de decenas de países, quienes lo reconocen como presidente transitorio de Venezuela y exigen también que se convoquen elecciones libres. Estados Unidos, Canadá, Australia, Ecuador, Colombia, Brasil, Reino Unido, España, Israel fueron los primeros países en pronunciarse reconociendo a Guaidó y exigiendo que se convoquen elecciones en Venezuela en los próximos días.
Esta ola de apoyo hacia la oposición, por supuesto, ha descolocado a Nicolás Maduro y su cúpula chavista, quienes cada día que pasa se les complica mucho más ejercer sus funciones, en medio del rechazo contundente de los venezolanos y del resto del mundo.
Muchos creen que este es el momento. Que ha llegado la hora de que finalmente después de 20 años de chavismo, se restituya la paz y la democracia en Venezuela. No obstante, en Venezuela la tensión continua sin saber cuál será el desenlace de esta historia, aunque ciertamente, todo parece apuntar que Nicolás Maduro tiene lo días contados.