Managua, 13 nov (dpa) – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares en favor de siete mujeres detenidas en Nicaragua tras participar en protestas contra el Gobierno, informó hoy el organismo en un mensaje de Twitter.
Por su parte, Wendy Flores, abogada del no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), dijo en rueda de prensa en Managua que la CIDH solicitó protección del Estado para Olesia y Tania Muñoz, Solange Centeno, María Adilia Peralta y Nelly Roque.
Asimismo otorgó medidas cautelares para la líder social Irlanda Jerez y para la estudiante belga-nicaragüense Amaya Coppens, añadió. Las siete están encarceladas en el penal de mujeres La Esperanza, al noreste de la capital.
La Comisión solicitó al Gobierno de Daniel Ortega adoptar «medidas que garanticen la vida e integridad física» de las detenidas y que les permitan recibir atención médica y visitas de sus abogados y familiares, precisó Flores al citar el documento de la CIDH.
La entidad autónoma de la OEA consideró que el grupo de mujeres está en situación de riesgo y «habría sido víctima de agresiones físicas y psicológicas, insultos y amenazas por parte de agentes penitenciarios».
El 26 de octubre, 17 mujeres presas en La Esperanza fueron víctimas de una golpiza por parte de policías encapuchados, después de que se opusieran al traslado de Irlanda Jerez de la celda.
Según el Cenidh, casi 600 personas han sido detenidas en el marco de las protestas contra Ortega que estallaron hace casi siete meses, entre ellos 40 mujeres y tres trans. Sin embargo, el Gobierno reporta 372 detenidos, 17 de ellos mujeres.
La mayoría de los presos están acusados de delitos graves como terrorismo, crimen organizado, tortura, robo y obstrucción al servicio público.
Nicaragua vive la peor crisis en décadas, que estalló el 18 de abril con una protesta estudiantil y se agravó tras la violenta acción de policías y paramilitares. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contabiliza 325 muertos, aunque ONGs locales elevan la cifra a 535 y el Gobierno registra 200 víctimas.
Mientras, el pleno de la Conferencia Episcopal inició este martes una reunión de tres días para analizar la grave situación que ha dejado además enormes pérdidas económicas y casi medio millón de personas en el desempleo por el cierre de negocios, especialmente en el área de turismo según datos del sector.
Los obispos católicos fueron los mediadores en un diálogo entre el Gobierno y la opositora Alianza Cívica, que se suspendió en julio. Ortega ha dicho que no dialogará con quienes considera «terroristas y golpistas».
En tanto, la Fiscalía confirmó que llevará 75 testigos al maratónico juicio que comenzó hoy contra cuatro líderes campesinos que participaron en protestas y a quienes se acusa de terrorismo, asesinato y otros delitos graves.
El proceso judicial contra Medardo Mairena, Pedro Mena, Luis Pineda y Orlando Pineda comenzó después de tres posposiciones y en una audiencia privada a la que sólo se permitió el acceso de la prensa oficialista.
Según el portal gubernamental «El 19», el juicio durará más de cinco sesiones y en él comparecerán 75 testigos de cargo propuestos por el Ministerio Público, además de los que presente la defensa.
Mairena y Mena, detenidos en el aeropuerto en julio pasado, están acusados por el asesinato de cuatro personas en el sur del país. La defensa alega que no se encontraban en el lugar del crimen.
Otros delitos imputados son crimen organizado, robo agravado y entorpecimiento de servicios públicos durante las protestas en los «tranques» o retenes instalados en la provincia de Chontales (centro), indicó «El 19».
Julio Montenegro, abogado defensor, ha denunciado «graves anomalías» en el juicio, incluyendo la selección de al menos 35 policías en servicio activo entre los testigos de la Fiscalía.
Por Gabriela Selser (dpa)
