Barcelona, 30 oct (dpa) – Las autoridades de Cataluña presentaron hoy el Consejo de la República, un órgano concebido como una suerte de «Gobierno» paralelo en el exterior para intentar avanzar e «internacionalizar» el proceso hacia la independencia de la región tras el fracaso de la declaración de secesión aprobada hace un año.
El órgano, presentado en la sede del Ejecutivo catalán en Barcelona por el presidente Quim Torra, será una entidad privada bajo jurisdicción de Bélgica, país donde se encuentra huido su antecesor en el cargo, Carles Puigdemont, y algunos ex miembros de su gabinete.
Pese a que en un primer momento fue anunciado como una suerte de «Gobierno en el exilio», hoy se confirmó que será independiente del Ejecutivo catalán y que no recibirá fondos públicos.
«El Consejo de la República nace con el objetivo de hacer efectivo el mandato del 1 de octubre», dijo Torra en alusión al referéndum soberanista ilegal celebrado el pasado año en esa fecha con un resultado favorable a una Cataluña independiente. «Será una palanca para avanzar en el camino hacia la independencia», añadió.
Según explicó Puigdemont desde Bélgica por videoconferencia, al nuevo órgano «le toca, de forma coordinada con el resto de actores y con el Gobierno (catalán), actuar sin el constreñimiento» del Estado español y «avanzar en los debates» sobre la hipotética república catalana.
«Debates que tienen que ver con la participación activa en un proceso constituyente que de manera compartida y plural se tiene que combinar con una propuesta de Constitución para Cataluña» y «también con multiplicar la internacionalización» del proceso independentista, explicó el líder independentista en el acto.
El Consejo de la República fue una de las promesas electorales del independentismo en los comicios celebrados en diciembre en Cataluña, después de que Madrid cesara al Gobierno de Puigdemont al completo a raíz de la declaración aprobada en el Parlamento catalán para crear una república independiente en la región española.
El pasado día 27 se cumplió un año de esa declaración fallida, que abrió uno de los capítulos más convulsos de la historia reciente de España. Ese día, el Gobierno español encabezado entonces por Mariano Rajoy activó el artículo 155 de la Constitución española para cesar al Ejecutivo de Puigdemont y convocar elecciones en Cataluña.
Aunque en diciembre las urnas dieron de nuevo la mayoría a los partidos separatistas -pese a que la fuerza más votada fue la liberal y antiindependentista Ciudadanos-, la reacción del Gobierno central y de la Justicia española tuvo impacto sobre el proceso independentista catalán. Dieciocho líderes y políticos separatistas están acusados a la espera de juicio, algunos de ellos en prisión provisional.
Otros, como Puigdemont, permanecen en el extranjero (según ellos, en el «exilio») para evitar ser detenidos en España.
El Gobierno catalán de Torra puso en marcha estos días dos de los órganos que prometió para avanzar en el proyecto separatista. Además del Consejo de la República, la semana pasada presentó un consejo asesor que prevé poner en marcha un debate constituyente.
«El Consejo de la República será un espacio de participación, de coordinación entre diferentes actores y de decisión política que llegue allá donde las instituciones no pueden llegar», dijo hoy Puigdemont, quien anunció un registro de ciudadanos «que quieran participar de manera activa en la construcción de la república».
