Managua, 4 oct (dpa) – En la pequeña vivienda de la familia Madriz, en el barrio 10 de junio de Managua, no hay sino lágrimas y abrazos. Los vecinos se acercan suavemente al ataúd para despedir a Denis, el hijo de 28 años que apareció muerto con dos balazos en el pecho.
Denis Madriz es la más reciente víctima de la ola imparable de detenciones y ejecuciones que sigue registrando Nicaragua, a 170 días de haber estallado la peor crisis política de las últimas cuatro décadas en el país centroamericano, que ha dejado cientos de personas muertas y miles heridas.
“Yo no quería que nadie se diera cuenta, no quiero tener problemas con nadie, quiero velar y enterrar a mi hijo tranquila”, suplicó asustada la madre del joven, Ada Obando, a los reporteros que llegaron al velatorio la noche del miércoles.
Madriz, egresado de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), desapareció el sábado pasado por la noche, cuando asistió a una fiesta de cumpleaños, dijeron sus familiares. Tras buscarlo en los hospitales, la madre lo encontró el miércoles en la morgue del Instituto de Medicina Legal.
Según medios de prensa, Madriz ya estaba identificado como opositor al Gobierno de Daniel Ortega, y desde junio había alertado en su cuenta de Facebook que estaba siendo vigilado por paramilitares y colaboradores sandinistas en su barrio, en la zona oriental de Managua.
En las redes sociales abundan sus fotografías participando en marchas opositoras, donde fue retratado ondeando la bandera de Nicaragua. “Nos quieren callar. Nos quieren matar. Nos quieren en la cárcel”, escribió en su último post de Facebook antes de desaparecer.
“El joven Denis Madriz, que soñaba con una Nicaragua libre y democrática, fue secuestrado y asesinado a sangre fría. ¡Nicaragua sigue sangrando! ¡Cuánta tristeza, cuánta impotencia! Basta ya. A su madre y familiares mi cercanía en el dolor y mis oraciones por ellos”, tuiteó el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez.
Báez es uno de los miembros de la Conferencia Episcopal que participaron como mediadores en un diálogo entre el Gobierno y la opositora Alianza Cívica, que se inició en mayo y quedó suspendido en julio. Ortega acusó a los obispos de ser “parte de un plan terrorista y golpista” que buscaría derrocarlo y hasta hoy ha descartado reanudar las conversaciones.
A casi seis meses del inicio de la crisis con una protesta estudiantil en Managua, al menos 204 nicaragüenses están encarcelados, según el Ministerio de Gobernación (Interior), y más de 23.000 se han refugiado en Costa Rica, en su mayoría jóvenes, de acuerdo con el Gobierno de San José. También se han exiliado líderes universitarios, campesinos, conocidos artistas, médicos, jueces, abogados y defensores de derechos humanos.
En su 169 sesión realizada el martes en Colorado, EEUU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA se declaró alarmada por el rumbo que ha tomado Nicaragua después de que la Policía prohibiera las manifestaciones opositoras el pasado fin de semana.
“Estoy preocupado sobre lo que viene. Actualmente hay un uso del sistema de Justicia para promover la persecución. Cuando se establece un estado de excepción, incrementa el número de personas que tienen que salir del país”, expresó el secretario ejecutivo de la CIDH, el brasileño Paulo Abrao.
La CIDH registra al menos 325 muertos desde el 19 de abril, así como 300 médicos y enfermeras despedidos de hospitales públicos por haber atendido a manifestantes heridos. También 40 docentes universitarios que apoyaron las protestas perdieron su trabajo, según la fuente. El Gobierno reporta en total 200 muertos.
En esa última sesión de la comisión autónoma de la OEA se escucharon denuncias de defensores de derechos humanos y periodistas nicaragüenses que aseguran ser víctimas también de lo que llaman “un régimen criminal”.
Tras la deportación de dos corresponsales extranjeros, el último de ellos expulsado hace cuatro días, “pareciera ser que la próxima etapa de represión va dirigida a los comunicadores independientes. Me preocupa que estemos llegando” a eso, dijo Joel Hernández, relator para personas privadas de libertad de la CIDH.
El presidente Ortega ha dicho que no tolerará “manifestaciones que se dicen pacíficas pero son violentas” y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, ha prometido “que los terroristas van a pagar por sus crímenes”, al tiempo que anunció un “gran acuerdo nacional de reconciliación entre las familias y comunidades que quieren trabajo y paz” y que “se suman a las rutas de prosperidad del buen Gobierno”.
Por Gabriela Selser (dpa)
