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La normativa da cabida a dos nuevos servicios de pago: los servicios de iniciaci\u00f3n de pagos y los agregadores de cuentas. Da acceso a los iniciadores y agregadores a las cuentas bancarias, previa autorizaci\u00f3n de los clientes. Se reduce de 150 a 50 euros las p\u00e9rdidas m\u00e1ximas que un cliente deber\u00e1 asumir en caso de pago no autorizado (extrav\u00edo o robo).<\/p>\n
\u200bEl Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta al Anteproyecto de Ley de Servicios de Pago con el que se traspone la Directiva europea 2015\/2366. La nueva normativa, conocida como PSD2, crea un marco integrado de este tipo de servicios en la Uni\u00f3n Europea y pretende hacer frente a los nuevos retos y cambios planteados en la operativa con tarjeta a trav\u00e9s de internet o m\u00f3viles as\u00ed como reforzar la seguridad en los pagos electr\u00f3nicos.<\/p>\n
La directiva europea va a introducir diferentes novedades. En primer lugar, se va a dar cabida a dos nuevos servicios de pago. Por un lado, a los servicios de iniciaci\u00f3n de pagos, que son intermediarios, generalmente entre comerciantes y consumidores, que garantizan el pago del consumidor al comerciante directamente, constituyendo una alternativa a los pagos con tarjetas. A estos se suman, por otro lado, los servicios de informaci\u00f3n sobre cuentas (agregadores de cuentas), que son entidades que consolidan toda la informaci\u00f3n de las diversas cuentas que tiene abiertas un usuario en diferentes entidades y la clasifican por categor\u00edas (categor\u00edas de gasto o de ingresos, por ejemplo). No obstante, las entidades que se dedican exclusivamente a uno de estos dos servicios de pago tendr\u00e1n unas exigencias menores que el resto.<\/p>\n
As\u00ed, la nueva regulaci\u00f3n europea en materia de pagos conlleva cambios fundamentales en la industria al dar acceso a terceros a la infraestructura de los bancos. La PSD2 regula, de hecho, el acceso de terceros a las cuentas de los clientes de los bancos, bien para agregar la informaci\u00f3n (agregadores de cuentas) o bien para el inicio del proceso de pago (iniciadores de pago), en nombre y previa autorizaci\u00f3n del cliente.<\/p>\n
A su vez, con el objetivo de mejorar la seguridad, la normativa incluye como novedad la exigencia de una autenticaci\u00f3n reforzada del cliente en el acceso online a cuentas.<\/p>\n
Por otro lado, se reduce de 150 a 50 euros las p\u00e9rdidas m\u00e1ximas que un cliente deber\u00e1 asumir en el caso de que se produzca una operaci\u00f3n de pago no autorizada como consecuencia del uso fraudulento, extrav\u00edo o robo de la tarjeta u otro instrumento de pago. Y se reduce el plazo de respuesta para la resoluci\u00f3n por parte de las entidades de las reclamaciones de los usuarios de servicios de pago (a 15 d\u00edas, frente a los dos meses que se establec\u00eda anteriormente).<\/p>\n
Pero el Gobierno ha querido ir m\u00e1s all\u00e1 de la trasposici\u00f3n y ha establecido la obligaci\u00f3n de todo empresario o profesional de ofrecer a los consumidores la posibilidad de utilizar alg\u00fan instrumento de pago sujeto a esta ley, como alternativo al dinero en efectivo, en transacciones cuyo importe supere la cantidad de 30 euros. El instrumento de pago disponible habr\u00e1 de anunciarse en alg\u00fan lugar visible del local, establecimiento o instalaciones del empresario o profesional.<\/p>\n
El texto deber\u00e1 obtener los dict\u00e1menes correspondientes y volver\u00e1 de nuevo al Consejo de Ministros para ser aprobado como Proyecto de Ley e iniciar la tramitaci\u00f3n parlamentaria.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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