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El Gobierno andaluz ha aprobado el proyecto de Ley de Tanteo y Retracto en Desahucio de Viviendas, que refuerza las medidas para luchar contra los desahucios y ampl\u00eda la protecci\u00f3n de las familias frente a las ejecuciones hipotecarias y las daciones en pago en la comunidad aut\u00f3noma.<\/p>\n
Como principal novedad, la norma permite a la Junta el ejercicio del derecho de compra preferente de los inmuebles afectados por este tipo de procesos, garantizando as\u00ed la permanencia de las familias en las mismas. Adem\u00e1s, se modifica el r\u00e9gimen sancionador para prevenir abusos y reforzar los derechos de las personas consumidoras en las operaciones de adquisici\u00f3n de viviendas protegidas.<\/p>\n
El proyecto de ley ser\u00e1 remitido al Parlamento andaluz para su debate y aprobaci\u00f3n definitiva, si bien el Ejecutivo ya ha reservado en los presupuestos de este a\u00f1o una partida de 4 millones de euros para su aplicaci\u00f3n.<\/p>\n
En relaci\u00f3n con el ejercicio del derecho de compra preferente de los inmuebles incluidos en procesos de ejecuci\u00f3n hipotecaria y daci\u00f3n en pago, esta figura permitir\u00e1 facilitar, mediante un alquiler social, la permanencia en sus hogares de las familias afectadas por desahucios. Adem\u00e1s, la medida supondr\u00e1 un incremento del parque p\u00fablico residencial de la Junta, que se destinar\u00e1 fundamentalmente a atender a aquellas personas en situaci\u00f3n de vulnerabilidad y con mayores dificultades para acceder a una vivienda.<\/p>\n
El proyecto establece que la Administraci\u00f3n ejercer\u00e1 el tanteo y retracto en funci\u00f3n de la situaci\u00f3n socioecon\u00f3mica de las familias, aplic\u00e1ndose a los colectivos de especial protecci\u00f3n y atendiendo a una tipolog\u00eda de inmuebles que deber\u00e1 responder a las caracter\u00edsticas exigidas para las Viviendas de Protecci\u00f3n Oficial (VPO). Una vez ejercido el derecho de compra preferente, los afectados tendr\u00e1n prioridad de alquiler sobre el inmueble que ha sido su domicilio habitual.<\/p>\n
El tanteo y el retracto se realizar\u00e1n en los procesos de daci\u00f3n en pago, mientras que para los procedimientos de ejecuci\u00f3n hipotecaria se reserva solo el retracto, lo que implica intervenir al final del proceso una vez comunicado el desalojo y concluida la subasta judicial de la vivienda y su adjudicaci\u00f3n. La medida se llevar\u00e1 a cabo en un periodo de 60 d\u00edas naturales contados a partir de la notificaci\u00f3n de la transmisi\u00f3n del inmueble al nuevo adjudicatario. En el caso de que se haya producido la subasta pero la familia todav\u00eda permanezca en el domicilio, dicho plazo se aplicar\u00e1 a partir del d\u00eda en que el juez determine la fecha de salida de los moradores del inmueble. Si la Administraci\u00f3n no tiene conocimiento de la orden de desahucio, podr\u00e1 realizar la compra en el momento en el que tenga constancia de la misma.<\/p>\n
El proyecto de ley fija como precio de la vivienda el valor del cr\u00e9dito a extinguir, en el caso de las daciones en pago, y la cantidad estipulada como valor de transmisi\u00f3n por el instructor judicial mediante resoluci\u00f3n. Adem\u00e1s de este importe, la Junta abonar\u00e1 los costes asociados a la operaci\u00f3n.<\/p>\n
El nuevo marco normativo prev\u00e9 obligaciones de informaci\u00f3n y notificaci\u00f3n a la Junta para los estamentos y profesionales que intervienen en los procesos de desahucio. As\u00ed, los \u00f3rganos judiciales deber\u00e1n trasladar, previo convenio con la Administraci\u00f3n auton\u00f3mica, los documentos relativos a la transmisi\u00f3n de la vivienda en subasta judicial y las \u00f3rdenes de lanzamiento, mientras que los registradores de la propiedad tendr\u00e1n que informar del cambio de titularidad del inmueble y los notarios, de las operaciones de transmisi\u00f3n. Por su parte, el adquiriente de la vivienda otorgada por daci\u00f3n en pago estar\u00e1 obligado a avisar de su adquisici\u00f3n para que se pueda ejercer el derecho de compra preferente. El proyecto reconoce tambi\u00e9n este derecho a los ayuntamientos, previo acuerdo con la Junta.<\/p>\n
Sanciones<\/p>\n
Finalmente, la futura norma modificar\u00e1 la Ley 13\/2005 de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo para reforzar la protecci\u00f3n de los adjudicatarios mediante la ampliaci\u00f3n de los supuestos sancionadores. El proyecto introduce como sanci\u00f3n muy grave, con multas de entre 30.001 a 120.000 euros, la no devoluci\u00f3n por parte de los promotores de las cantidades entregadas a cuenta por los adjudicatarios en caso de resoluci\u00f3n del contrato de compraventa. Hasta ahora este supuesto no estaba tipificado como infracci\u00f3n. Tambi\u00e9n se castigar\u00e1 con la m\u00e1xima sanci\u00f3n a los promotores o personas jur\u00eddicas que mantengan vac\u00eda una VPO sin causa justificada por un periodo superior a tres meses.<\/p>\n
Como faltas graves, sancionables con cuant\u00edas de entre 3.001 hasta 30.000 euros, se consideran el incumplimiento del adjudicatario de ocupar el inmueble como domicilio habitual y permanente en el plazo previsto, as\u00ed como la no presentaci\u00f3n de la documentaci\u00f3n requerida sobre esa ocupaci\u00f3n.<\/p>\n
El texto aprobado hoy completar\u00e1 el marco normativo de la lucha contra los desahucios en Andaluc\u00eda, que se inici\u00f3 con la Ley de la Funci\u00f3n Social de la Vivienda, en vigor desde octubre de 2013 pero suspendida parcialmente por el Tribunal Constitucional a ra\u00edz de un recurso presentado por el Gobierno de Espa\u00f1a.<\/p>\n
Normas y planes<\/p>\n
Entre otras medidas impulsadas por la Junta durante esta legislatura, destacan la aprobaci\u00f3n de la Ley de Protecci\u00f3n de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contrataci\u00f3n Hipotecaria sobre la Vivienda y el Plan de Vivienda y Rehabilitaci\u00f3n de Andaluc\u00eda 2016-2020. Asimismo, se ha reforzado el Sistema Andaluz de Informaci\u00f3n y Asesoramiento Integral en materia de Desahucios, con el que se presta apoyo personalizado a trav\u00e9s de la prevenci\u00f3n, la intermediaci\u00f3n y la protecci\u00f3n, adem\u00e1s de abrirse varias l\u00edneas de ayudas p\u00fablicas al alquiler para personas afectadas y en situaci\u00f3n de vulnerabilidad o con ingresos limitados.<\/p>\n
La Administraci\u00f3n auton\u00f3mica tambi\u00e9n ha firmado convenios con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federaci\u00f3n Andaluza de Municipios y Provincias. Otro acuerdo, con la Sociedad de Gesti\u00f3n de Activos procedentes de la Reestructuraci\u00f3n Bancaria (Sareb), permitir\u00e1 incorporar al parque p\u00fablico residencial unas 400 viviendas que permanec\u00edan vac\u00edas y que se pondr\u00e1n a disposici\u00f3n de las familias m\u00e1s necesitadas a trav\u00e9s de un alquiler social.<\/p>\n
Esta producci\u00f3n legislativa y de medidas de acci\u00f3n, la m\u00e1s avanzada del conjunto de comunidades aut\u00f3nomas sobre la materia, hace frente a un problema que sigue teniendo una gran incidencia en Andaluc\u00eda, aunque ya comienza a remitir. Seg\u00fan los datos del CGPJ, durante el a\u00f1o pasado se produjeron 9.998 lanzamientos (de cualquier tipo de inmuebles, no s\u00f3lo de vivienda principal), lo que supuso un descenso del 6,5% respecto al a\u00f1o anterior.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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