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El viernes, entre otras muchas cosas, el Ejecutivo que recientemente ha estrenado legislatura ha anunciado en Consejo de Ministros una bater\u00eda de medidas para luchar contra el fraude fiscal y cumplir con los objetivos de d\u00e9ficit establecidos con Bruselas.<\/p>\n
Una de ellas, quiz\u00e1 la m\u00e1s importante, es la de limitar a 1.000 euros la cuant\u00eda de los pagos en efectivo en operaciones comerciales. De este modo, se intenta luchar contra la econom\u00eda sumergida y el fraude fiscal, especialmente en aquellas operaciones de mayor cuant\u00eda, dando un paso m\u00e1s hacia la desaparici\u00f3n del dinero en efectivo.<\/p>\n
Y es que, desde que en 2012 se estableciese la primera limitaci\u00f3n en los pagos en efectivo a operaciones comerciales con un valor superior a los 2.500 euros, muchas han sido las propuestas encaminadas a poner fin a uno de los mayores focos de concentraci\u00f3n del fraude fiscal.<\/p>\n
De hecho, son muchos los pa\u00edses que ya est\u00e1n tomando medidas en este sentido, incluso m\u00e1s contundentes. Dinamarca, por ejemplo, permite desde el 1 de enero de este a\u00f1o, que los establecimientos comerciales se puedan negar a aceptar efectivo como medio de pago. Suecia, por su parte, tiene una tasa de uso de dinero electr\u00f3nico del 95%, y los billetes y monedas en circulaci\u00f3n tan solo<\/p>\n
Est\u00e1 claro que a los gobiernos les interesa que el efectivo desaparezca por completo de la circulaci\u00f3n. Pero tambi\u00e9n es apoyada por algunas organizaciones como, por ejemplo, Gestha, que reconoce que esta medida, aunque no es decisiva para frenar el fraude fiscal, s\u00ed lo dificulta enormemente.<\/p>\n
FUENTE COMUNICAE<\/p>\n
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