![\"fotonoticia_20160301104623_800\"](\"https:\/\/www.eldigitaldeasturias.com\/noticias\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/fotonoticia_20160301104623_800-360x233.jpg\")
El Registro Central de Delincuentes Sexuales entra en vigor este martes 1 de marzo y deber\u00e1n acudir a \u00e9l todas las personas que trabajan en \u00abcontacto habitual\u00bb con menores de edad para acreditar ante su empleador que no han cometido este tipo de delitos.<\/p>\n
La creaci\u00f3n de este registro fue aprobada el pasado 11 de diciembre en el Consejo de Ministros para cumplir una previsi\u00f3n de la Ley Org\u00e1nica de Medidas de Protecci\u00f3n de la Infancia que a su vez, obedece al Convenio de Lanzarote del Consejo de Europa que Espa\u00f1a ha ratificado y que ha permitido la creaci\u00f3n de registros similares en otros pa\u00edses europeos, como Reino Unido.<\/p>\n
El objetivo es proteger a los ni\u00f1os de agresores sexuales, pederastas, porn\u00f3grafos y tratantes de seres humanos condenados por sentencia firme tanto en Espa\u00f1a como en otros pa\u00edses y a su vez, favorecer la cooperaci\u00f3n policial internacional contra estos delitos de los que s\u00f3lo a nivel nacional tienen antecedentes m\u00e1s de 43.700 personas.<\/p>\n
Para ello, se impone que la persona que trabaje o pretenda trabajar o realizar cualquier tipo de actividad que conlleve contacto habitual con menores deber\u00e1 presentar ante su empleador una certificaci\u00f3n negativa que acredite que no est\u00e1 incluida en dicho Registro. En el caso de los ciudadanos extranjeros, deber\u00e1n acreditar adem\u00e1s que no tienen condenas penales por los delitos referidos en su pa\u00eds de origen o en donde sean nacionales.<\/p>\n
Aunque desde la entrada en vigor de la Ley de Infancia en agosto ya es exigible la presentaci\u00f3n de antecedentes penales negativos y algunos centros educativos han comenzado a pedirlos en procesos de selecci\u00f3n de personal, ser\u00e1 a partir del 1 de marzo cuando puedan obtenerse las certificaciones espec\u00edficas sobre delitos sexuales, seg\u00fan informan a Europa Press fuentes del Ministerio de Justicia.<\/p>\n
Mientras entraba en funcionamiento este registro, los antecedentes se han podido recabar en el Registro Central de Penados, pero se trata de un informe con todo el historial del individuo que deja a la vista del empleador cualquier hecho delictivo que haya cometido a lo largo de su vida, tenga o no relaci\u00f3n con los menores de edad, tal y como han venido denunciando sindicatos de ense\u00f1anza.<\/p>\n
En todo caso, la nueva base de datos recoger\u00e1 tanto la informaci\u00f3n de los condenados en firme dentro y fuera de Espa\u00f1a como su perfil gen\u00e9tico si as\u00ed lo decide un juez y a ella tendr\u00e1n acceso los propios interesados, que podr\u00e1n pedir el certificado gratuitamente; los jueces y tribunales de cualquier orden jurisdiccional, el Ministerio Fiscal, la Polic\u00eda Judicial y cualquier \u00f3rgano de la Administraci\u00f3n P\u00fablica en un procedimiento que requiera de esa informaci\u00f3n, siempre con autorizaci\u00f3n de la persona.<\/p>\n
De hecho, el encargado del Registro s\u00f3lo podr\u00e1 realizar certificados de los datos inscritos sin consentimiento de los interesados cuando exista petici\u00f3n expresa de las entidades p\u00fablicas de protecci\u00f3n de menores para valorar la situaci\u00f3n de desprotecci\u00f3n de un menor respecto de sus progenitores, tutores, guardadores o acogedores, as\u00ed como a instancia de las autoridades judiciales o policiales extranjeras inmersas en una investigaci\u00f3n, conforme manda el Real Decreto.<\/p>\n
En este sentido, si bien la norma define la naturaleza, finalidad, funciones y organizaci\u00f3n del Registro, no entra a regular la casu\u00edstica relativa al cumplimiento de esa prohibici\u00f3n, como el modo en que se controlar\u00e1 que un aut\u00f3nomo que trabaja con ni\u00f1os no tiene esos antecedentes o el proceder y los plazos que habr\u00e1n de seguir los centros educativos para acreditar que sus empleados tampoco los tienen.<\/p>\n
El Real Decreto establece en su disposici\u00f3n adicional segunda que \u00aben el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor, el Ministerio de Justicia adoptar\u00e1 las medidas necesarias, en colaboraci\u00f3n con los Ministerios de Educaci\u00f3n, Cultura y Deporte, de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y de Empleo y Seguridad Social y, en su caso, promover\u00e1 las adaptaciones reglamentarias que sean precisas para facilitar el cumplimiento de la prohibici\u00f3n\u00bb de que estos condenados trabajen con menores.<\/p>\n
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