![\"fotonoticia_20151102145138_800\"](\"https:\/\/www.eldigitaldeasturias.com\/noticias\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/fotonoticia_20151102145138_800-360x240.jpg\")
El Gobierno podr\u00eda hacer uso de distintas herramientas frente a la propuesta de resoluci\u00f3n de Junts pel S\u00ed y la CUP que busca la ruptura de Catalu\u00f1a con Espa\u00f1a y actuar contra quienes decidan continuar con el proceso hacia la independencia desobedeciendo las decisiones judiciales y del propio Ejecutivo, pudiendo incluso declarar el estado de sitio, seg\u00fan la ‘Fundaci\u00f3n \u00bfHay Derecho?’.<\/p>\n
Entre los creadores de esta fundaci\u00f3n figuran la abogada del Estado Elisa de la Nuez, que ejerce de secretaria general, y el notario Rodrigo Tena, dos de los expertos que est\u00e1n preparando la reforma institucional y democr\u00e1tica que Ciudadanos presentar\u00e1 el pr\u00f3ximo s\u00e1bado y que incluye la modificaci\u00f3n de varios art\u00edculos de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n
En un art\u00edculo publicado en el blog de la fundaci\u00f3n, los juristas explican los pasos que se deben dar para frenar desde la ley el proceso de ruptura. Adem\u00e1s del recurso del Gobierno al TC para que suspenda la resoluci\u00f3n que prev\u00e9n aprobar los independentistas para romper con Espa\u00f1a, aconsejan otras opciones como aplicar el C\u00f3digo Penal en caso de desobediencia, el art\u00edculo 155 de la Constituci\u00f3n y la aplicaci\u00f3n del estado de sitio, como \u00faltima instancia.<\/p>\n
En su opini\u00f3n, por cada paso que den los independentistas, hay una posibilidad de responder desde el Estado de Derecho, si bien la Fundaci\u00f3n considera que en Espa\u00f1a \u00abresulta mucho m\u00e1s f\u00e1cil impedir o sancionar al que aparca en doble fila que al que da un autogolpe de Estado o, al menos, de parte del Estado\u00bb.<\/p>\n
Seg\u00fan su an\u00e1lisis, los pasos que puede dar el Estado de Derecho para frenar la independencia de Catalu\u00f1a, auspiciada por Junts pel s\u00ed y la CUP, son los siguientes:<\/p>\n
—PETICI\u00d3N DE DICTAMEN AL CONSEJO DE GARANTIAS: la minor\u00eda parlamentaria en la C\u00e1mara legislativa catalana podr\u00eda solicitar un dictamen al Consejo de Garant\u00edas Estatutarias para saber si la resoluci\u00f3n que Junts pel S\u00ed y la CUP est\u00e1n impulsando en el Parlament se adecua a la Constituci\u00f3n y al Estatut. Seg\u00fan la Fundaci\u00f3n, es \u00ababsolutamente imposible\u00bb que los juristas del Consejo de Garant\u00edas defiendan la viabilidad de esa resoluci\u00f3n, as\u00ed que su informe deber\u00eda ser negativo.<\/p>\n
Sin embargo, los independentistas podr\u00edan alegar que no les vincula ning\u00fan dictamen porque ya no reconocen ni el Estatut ni la Carta Magna.<\/p>\n
—ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: en virtud del art\u00edculo 161.2 de la Constituci\u00f3n, el Gobierno podr\u00eda impugnar ante el TC el acuerdo de la Mesa del Parlament que acepta la tramitaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n independentista. Tambi\u00e9n puede esperar a que esta sea aprobada para de inmediato impugnarla, lo cual conllevar\u00eda su suspensi\u00f3n autom\u00e1tica.<\/p>\n
Ante una previsible situaci\u00f3n de desobediencia de quienes decidan incumplir la decisi\u00f3n del TC, la Fundaci\u00f3n cree que se abrir\u00edan dos v\u00edas:<\/p>\n
– Aplicar el art\u00edculo 410 del C\u00f3digo Penal (sobre el delito de desobediencia), pero facilitado como consecuencia de la \u00faltima reforma de la Ley Org\u00e1nica del Tribunal Constitucional, que introduce la obligaci\u00f3n de cumplimiento de las resoluciones del tribunal y la posibilidad de que este pueda acordar la notificaci\u00f3n personal de sus resoluciones a cualquier autoridad.<\/p>\n
– Ejecuci\u00f3n, incluso forzosa, de las resoluciones del TC: tras la reforma impulsada por el PP, es posible aplicar la Ley de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa. Adem\u00e1s, la citada ley org\u00e1nica atribuye al TC la facultad de velar por el cumplimiento de sus propias resoluciones recabando el auxilio de las Administraciones y poderes p\u00fablicos y permite imponer multas y suspender en sus funciones a autoridades y empleados p\u00fablicos.<\/p>\n
No obstante, los diputados independentistas podr\u00edan o bien seguir actuando como tales tras haber sido inhabilitados, o bien ser sustituidos por otras personas que contin\u00faen con el proceso secesionista.<\/p>\n
—APLICAR EL ARTICULO 155 CONSTITUCION: la Fundaci\u00f3n propone, llegados a ese punto, \u00abolvidarse de las personas y actuar sobre las instituciones\u00bb. El Gobierno, previo requerimiento al presidente de la Comunidad Aut\u00f3noma –en este caso, Artur Mas–, podr\u00eda adoptar las medidas necesarias para obligar a esa comunidad al cumplimiento forzoso de sus obligaciones.<\/p>\n
Pero la posible actuaci\u00f3n del Estado en lugar de los \u00f3rganos auton\u00f3micos podr\u00eda encontrarse de nuevo con la desobediencia de los independentistas. En esta fase, la fundaci\u00f3n se plantea si es posible disolver los \u00f3rganos auton\u00f3micos, afirmando que esa posibilidad no est\u00e1 recogida de forma expresa en la Constituci\u00f3n y que, aunque se disolvieran el Parlament y la Generalitat de Catalu\u00f1a, e incluso si se cerrasen sus instalaciones, los parlamentarios podr\u00edan tratar de seguir reuni\u00e9ndose.<\/p>\n
-EL ESTADO DE SITIO, LA ULTIMA OPCION: esta posibilidad, prevista en el art\u00edculo 116.4 de la Constituci\u00f3n –y desarrollado en ley org\u00e1nica–, ser\u00eda la \u00faltima opci\u00f3n. Su objetivo es conjurar \u00abuna insurrecci\u00f3n o acto de fuerza contra la soberan\u00eda o independencia de Espa\u00f1a, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional que no pueda resolverse por otros medios\u00bb. En esta situaci\u00f3n, el Gobierno asume todas las facultades extraordinarias y designa a la autoridad militar que tenga que ejecutarlas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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