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Madrid, 20 mar (EFE).- El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos que interpusieron Alberto Cortina y Alberto Alcocer contra la sentencia que les condenaba a pagar una indemnizaci\u00f3n de 10,8 millones a socios minoritarios de Urbanor por la venta de los terrenos donde se edificaron las Torres KIO de Madrid.<\/p>\n
En un auto, contra el que ya no cabe recurso, el pleno de la Sala de lo Civil explica a los Albertos que los intereses que deben pagar se deben contabilizar desde la fecha de celebraci\u00f3n del contrato, en enero de 1988.<\/p>\n
Seg\u00fan los magistrados, que desestiman as\u00ed el recurso de aclaraci\u00f3n presentado por los empresarios sobre la sentencia que dict\u00f3 el Supremo el pasado mes de enero, no existe ning\u00fan concepto \u00aboscuro\u00bb que requiera ninguna precisi\u00f3n.<\/p>\n
A\u00f1aden adem\u00e1s que el fallo de la sentencia ampli\u00f3 la condena de los demandados al pago de los intereses desde la fecha en la que se suscribi\u00f3 el contrato, el 7 de enero de 1988, y les recuerda que no se puede utilizar la solicitud de aclaraci\u00f3n para denunciar de forma indirecta una posible incongruencia de la resoluci\u00f3n.<\/p>\n
En su sentencia de enero, el Supremo rechaz\u00f3 los recursos de los primos contra la resoluci\u00f3n de la Audiencia Provincial de Madrid que fijaba esa cantidad en concepto de responsabilidad civil.<\/p>\n
Asimismo, estim\u00f3 en parte el recurso del empresario Jos\u00e9 Luis San Mart\u00edn y sus herederos, ampliando la condena al pago de los intereses, que se devengan desde el momento en el que se produjo el perjuicio, en 1988, cuando se suscribieron los contratos de venta de acciones y derechos de suscripci\u00f3n preferente.<\/p>\n
El Supremo conden\u00f3 a los primos en marzo de 2003 por estafa y falsedad en documento mercantil, estableciendo su responsabilidad solidaria respecto de las indemnizaciones fijadas a favor de los perjudicados, aunque en 2008 el Constitucional les absolvi\u00f3 al considerar prescritos los hechos.<\/p>\n
El Alto Tribunal hab\u00eda considerado que el delito de estafa se produjo cuando los acusados no informaron a los dem\u00e1s interesados del contrato de compromiso alcanzado en Londres con KIO, en el que se pact\u00f3 un precio global de 231.000 pesetas por metro cuadrado para el 95 por ciento de las acciones de Urbanor.<\/p>\n
Sin embargo, los minoritarios vendieron sus acciones a 150.000 pesetas el metro cuadrado convencidos de que \u00e9se era el precio que iban a cobrar todos.<\/p>\n
Tras la absoluci\u00f3n del Constitucional, el Supremo hizo lo propio y los empresarios procedieron a solicitar la devoluci\u00f3n de las cantidades que hab\u00edan abonado a los perjudicados, lo que dio origen a este pleito civil.<\/p>\n
Para el Supremo, Cortina y Alcocer vulneraron el principio de la buena fe contractual en la operaci\u00f3n dise\u00f1ada y, rechazando sus argumentos, insist\u00edan en que a los socios se \u00ables priv\u00f3 de obtener un mayor precio de compra por ocultarles las verdaderas condiciones de la venta e inducirles con ello a error al contratar\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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