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Madrid, 17 mar (EFE).- El juez Santiago Pedraz se ha negado hoy a archivar el caso Couso tras la entrada en vigor de la limitaci\u00f3n de la justicia universal al entender que la muerte en la guerra de Irak del c\u00e1mara Jos\u00e9 Couso est\u00e1 amparada por la convenci\u00f3n de Ginebra que protege a las personas en un conflicto armado.<\/p>\n
El juez de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisi\u00f3n en un auto en el que considera que la reforma legislativa de la justicia universal se contradice con la cuarta convenci\u00f3n de Ginebra, que obliga a perseguir los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, entre ellos los periodistas.<\/p>\n
Pedraz ha acordado no aplicar en esta causa la reforma del art\u00edculo 23 de la Ley Org\u00e1nica del Poder Judicial, que regula la justicia universal, as\u00ed como la disposici\u00f3n transitoria \u00fanica, que establece el sobreseimiento con car\u00e1cter retroactivo de las causas abiertas.<\/p>\n
A ra\u00edz de la muerte en Irak de Couso, el 8 de abril de 2003, su familia present\u00f3 una querella en la Audiencia Nacional contra tres militares estadounidenses, que han sido reclamados en cuatro ocasiones por la Justicia espa\u00f1ola a Estados Unidos para juzgarles en Espa\u00f1a.<\/p>\n
El archivo de las causas de justicia universal tras la reforma no parece que vaya a ser autom\u00e1tico, ya que los jueces de instrucci\u00f3n tienen previsto dar traslado antes a las partes para que hagan alegaciones en aras de proteger la seguridad jur\u00eddica, seg\u00fan fuentes consultadas en la Audiencia Nacional.<\/p>\n
De hecho, el juez Pedraz ha dado tambi\u00e9n hoy traslado a las partes para ver si cabe o no la aplicaci\u00f3n de la reforma en la causa en la que investiga el asalto y quema de la embajada de Espa\u00f1a en Guatemala en 1980 por las fuerzas de seguridad del Estado, que caus\u00f3 37 muertos.<\/p>\n
En el caso de Couso, Pedraz cree que \u00abla jurisdicci\u00f3n espa\u00f1ola es competente\u00bb para juzgar los hechos, de acuerdo con la IV Convenci\u00f3n de Ginebra, suscrita por Espa\u00f1a y en la que se establece que los pa\u00edses firmantes tienen \u00abla obligaci\u00f3n de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, cualquiera de las infracciones graves, y deber\u00e1 hacerlas comparecer antes los propios tribunales, sea cual fuese su nacionalidad\u00bb.<\/p>\n
Para el magistrado, esta convenci\u00f3n forma parte del ordenamiento jur\u00eddico espa\u00f1ol y por ello, Espa\u00f1a est\u00e1 obligada \u00aba perseguir el delito (buscar a las personas y hacerlas comparecer) sea cual sea la nacionalidad de los autores y est\u00e9n donde est\u00e9n\u00bb.<\/p>\n
La reforma de la Ley Org\u00e1nica del Poder Judicial (LOPJ) somete a un \u00abrequisito de perseguibilidad\u00bb los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, mientras que la Convenci\u00f3n de Ginebra obliga a perseguir estos delitos \u00absin limitaci\u00f3n alguna\u00bb, a\u00f1ade el auto.<\/p>\n
\u00abDada la primac\u00eda de los tratados y que un tratado no puede ser modificado por una norma interna, resulta inaplicable la nueva norma, subsistiendo la disposici\u00f3n del tratado\u00bb, destaca Pedraz, quien entiende que \u00abla soluci\u00f3n del conflicto es evidente: el juez debe inaplicar la norma\u00bb.<\/p>\n
En este sentido, apunta que si en este caso se admitiera la reforma de la LOPJ se estar\u00eda admitiendo \u00abla posibilidad de que una norma interna modifique o derogue una disposici\u00f3n de un tratado o convenio internacional vigente\u00bb, algo que solo puede hacerse por v\u00eda parlamentaria.<\/p>\n
Entre las diligencias pendientes, figura una petici\u00f3n a la Interpol de identificar y detener a los militares procesados para su extradici\u00f3n y puesta a disposici\u00f3n de los juzgados espa\u00f1oles, as\u00ed como la toma de declaraci\u00f3n a la sargento de Estados Unidos Adrienne Kinne quien en 2008 en un programa de televisi\u00f3n dijo que el Hotel Palestina era un \u00abobjetivo militar\u00bb.<\/p>\n
La familia del c\u00e1mara fallecido el 8 de abril de 2003 ya anunci\u00f3 que ten\u00eda intenci\u00f3n de agotar las v\u00edas internas de la justicia espa\u00f1ola e incluso de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para ver en el banquillo a los tres marines estadounidenses, presuntamente responsables de la muerte de Couso.<\/p>\n
Estos tres procesados son el sargento Thomas Gibson, al que el juez considera, autor material del disparo, y sus superiores: el teniente coronel Philip de Camp, jefe del regimiento de blindados y quien transmiti\u00f3 la orden de disparar al tercer implicado, el capit\u00e1n Philip Wolford, al mando de la unidad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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