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Madrid, 14 mar (EFE).- El Tribunal Supremo ha dictaminado que Martinsa-Fadesa no deber\u00e1 indemnizar a un vendedor de unos terrenos en Valencia por la depreciaci\u00f3n de estos, ya que la operaci\u00f3n de compraventa se produjo antes de que la empresa entrara en concurso y entonces \u00abno era previsible la crisis del sector inmobiliario\u00bb.<\/p>\n
El Alto Tribunal anula as\u00ed una sentencia de la Audiencia Provincial de A Coru\u00f1a que conden\u00f3 a la constructora a indemnizar con casi 2 millones de euros a los due\u00f1os de unas fincas en Algames\u00ed (Valencia), que compr\u00f3 en noviembre de 2005 por 1,2 millones y 700.000 mil euros.<\/p>\n
Los vendedores instaron la resoluci\u00f3n de los contratos de compraventa, tras lo cual solicitaron la devoluci\u00f3n por la demandada de las fincas vendidas, as\u00ed como una indemnizaci\u00f3n por da\u00f1os y perjuicios que equival\u00eda a la diferencia entre el precio pactado en la operaci\u00f3n y el valor actual de las fincas, de lo que hab\u00eda que deducir el importe que hab\u00edan recibido.<\/p>\n
Pero para el Supremo es \u00abevidente\u00bb que cuando se hizo la operaci\u00f3n \u00abel ciclo alcista del sector inmobiliario que le precedi\u00f3 durante la \u00faltima d\u00e9cada (1997-2006), no pod\u00eda hacer prever la magnitud de lo que ha venido en llamarse com\u00fanmente como ‘burbuja inmobiliaria’, con un alcance que, todav\u00eda hoy, no se puede afirmar que haya terminado\u00bb.<\/p>\n
\u00abBuena prueba de ello\u00bb, prosigue, es que desde finales de 2007 y en los dos a\u00f1os siguientes inmobiliarias, promotoras y constructoras \u00abse vieron obligadas a presentar concurso, refinanciar su deuda, enajenar activos, etc\u00bb, como fue el caso de Martinsa-Fadesa, que entr\u00f3 en concurso voluntario en 2008.<\/p>\n
Por tanto, el Alto Tribunal concluye que razones de mercado ajenas al contrato \u00abhan provocado la ruina del sector inmobiliario\u00bb, lo que puede conllevar el cambio de \u00abla proporci\u00f3n o el equilibrio de las prestaciones, frustrando el fin econ\u00f3mico del contrato\u00bb, pero un \u00abdeudor de buena fe\u00bb no debe asumir \u00ablos da\u00f1os y perjuicios que esta alteraci\u00f3n de circunstancias provoca al acreedor\u00bb.<\/p>\n
No obstante, Martinsa-Fadesa deber\u00e1 asumir los gastos de las operaciones, que ascienden a 14.448 euros y 9.181 euros.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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