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Sevilla, 11 mar (EFE).- El Consejo de Gobierno andaluz ha acordado hoy interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley org\u00e1nica de control de la deuda comercial en el sector p\u00fablico, que permite al Estado retener recursos de las comunidades para saldar la deuda comercial.<\/p>\n
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Miguel \u00c1ngel V\u00e1zquez, ha motivado el recurso en invasi\u00f3n de competencias e infracci\u00f3n de principios constitucionales.<\/p>\n
Este recurso de inconstitucionalidad es el d\u00e9cimo que presenta Andaluc\u00eda en los dos a\u00f1os de esta legislatura auton\u00f3mica contra una norma estatal, y el portavoz del Gobierno no ha descartado m\u00e1s si el Gobierno sigue legislando \u00abcontra las comunidades aut\u00f3nomas\u00bb.<\/p>\n
Ha afirmado que el Ejecutivo central por la v\u00eda de la normativa estatal b\u00e1sica quiere \u00abderribar o dinamitar el Estatuto de Autonom\u00eda\u00bb, que es de \u00abobligado cumplimiento\u00bb, ha remarcado.<\/p>\n
Seg\u00fan ha explicado V\u00e1zquez, la norma gubernamental excede el sentido del principio de estabilidad presupuestaria, incorporado a la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola tras la reforma de su art\u00edculo 135, al incluir en el concepto de deuda p\u00fablica la deuda comercial de las administraciones con sus proveedores.<\/p>\n
Con ello, el Gobierno central \u00abse arroga indebidamente la atribuci\u00f3n de retener recursos financieros de las comunidades aut\u00f3nomas para el pago directo a los acreedores y no s\u00f3lo para corregir desviaciones sobre los objetivos de d\u00e9ficit\u00bb, ha censurado.<\/p>\n
A juicio del Gobierno andaluz, esta limitaci\u00f3n vulnera los principios de autonom\u00eda financiera y de gesti\u00f3n de las comunidades, garantizados por el texto constitucional en sus art\u00edculos 156.1 y 137, respectivamente.<\/p>\n
De igual modo, al equiparar deuda p\u00fablica y comercial, la ley contraviene el citado art\u00edculo 135, que establece como prioridad absoluta el pago de la primera a trav\u00e9s de mecanismos de correcci\u00f3n de desviaciones que en ning\u00fan caso incluyen el pago a proveedores.<\/p>\n
La Junta sostiene que esta retenci\u00f3n de recursos genera una merma a su autonom\u00eda financiera al otorgarse prioridad al pago a proveedores sobre las obligaciones financieras relacionadas con la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos fundamentales de gesti\u00f3n auton\u00f3mica, como la educaci\u00f3n o la salud.<\/p>\n
Con ello, el Estado \u00abinterviene en el presupuesto de la comunidad aut\u00f3noma decidiendo el destino de fondos cuya gesti\u00f3n no le corresponde, sin que ello encuentre justificaci\u00f3n en el principio constitucional de estabilidad presupuestaria\u00bb, ha denunciado V\u00e1zquez.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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