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Madrid, 17 feb (EFE).- El Tribunal Supremo ha acordado que la Audiencia Nacional es el \u00f3rgano competente para investigar las diligencias abiertas contra Telef\u00f3nica y otras dos empresas denunciadas por la Fiscal\u00eda por haber estafado presuntamente 46 millones manipulando supuestamente el concurso Movistar Emoci\u00f3n Mill\u00f3n de 2009.<\/p>\n
En un auto, la Sala de lo Penal del alto tribunal resuelve as\u00ed, de acuerdo con la tesis de la Fiscal\u00eda, la cuesti\u00f3n negativa de competencia entre un Juzgado de Ribeira (A Coru\u00f1a) y el Central de Instrucci\u00f3n N\u00famero 1 de la Audiencia Nacional, que hab\u00eda rechazado la inhibici\u00f3n del primero.<\/p>\n
Seg\u00fan los magistrados, la competencia es del titular de este \u00faltimo, Santiago Pedraz, pues el concurso denunciado se dirigi\u00f3 a una masa indeterminada de personas y el beneficio presuntamente il\u00edcito obtenido por las empresas sobrepas\u00f3 los 46 millones de euros.<\/p>\n
Las citadas diligencias, relata la resoluci\u00f3n, las abri\u00f3 la Fiscal\u00eda de Santiago de Compostela, Telef\u00f3nica M\u00f3viles, Zed Iberia Worldine S.A y Alvento Soluciones S.A., por la presunta comisi\u00f3n de un delito continuado de estafa y otro continuado de falsedad, por la posible manipulaci\u00f3n del concurso Movistar Emoci\u00f3n Mill\u00f3n de 2009.<\/p>\n
Dicho concurso consist\u00eda en enviar puntos y participaciones mediante el env\u00edo de SMS al n\u00famero 1010.<\/p>\n
Con ello, seg\u00fan la Fiscal\u00eda, se hab\u00eda \u00abquebrantado sistem\u00e1ticamente las bases del concurso (env\u00edo masivo de SMS mediante herramientas inform\u00e1ticas, asignaci\u00f3n incorrecta de puntuaci\u00f3n, han resultado premiadas personas unidas por v\u00ednculo de parentesco o por residir en el mismo domicilio, no constan las cartas o justificantes de pago de los premios etc.)\u00bb.<\/p>\n
Precisaba adem\u00e1s que este concurso defraud\u00f3 \u00aben todo el territorio nacional a un n\u00famero indeterminado de personas\u00bb, ocasionando un perjuicio que se cifra en 46 millones de euros.<\/p>\n
El Juzgado de Ribeira se inhibi\u00f3 en favor de la Audiencia Nacional por orden de la Audiencia de A Coru\u00f1a, si bien Pedraz la rechaz\u00f3 por estimar que la denuncia que origin\u00f3 las diligencias se basaban en el perjuicio patrimonial de un particular, \u00absin que sea posible conocer en el momento actual si existen otros y distintos perjudicados\u00bb ni el importe de la defraudaci\u00f3n patrimonial.<\/p>\n
Sin embargo, el Supremo subraya que el concurso se dirigi\u00f3 a \u00abuna masa indeterminada de personas y que el beneficio il\u00edcito obtenido por las empresas denunciadas sobrepasa los 46 millones de euros\u00bb, por lo que concurren los requisitos de generalidad de personas y grave repercusi\u00f3n en el tr\u00e1fico mercantil, competencia de la Audiencia Nacional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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