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Madrid, 15 ene (EFE).- El Tribunal Supremo ha confirmado la indemnizaci\u00f3n de m\u00e1s de 11 millones de euros a la que fueron condenados a pagar Alberto Cortina y Alberto Alcocer a socios minoritarios de Urbanor por la venta de los terrenos donde se edificaron las Torres KIO de Madrid.<\/p>\n
La Sala Civil del Alto Tribunal rechaza en una sentencia notificada hoy los recursos que interpusieron los primos conocidos como los Albertos contra la resoluci\u00f3n de la Audiencia Provincial de Madrid que fijaba esa cantidad en concepto de responsabilidad civil.<\/p>\n
Asimismo, estima en parte el recurso del empresario Jos\u00e9 Luis San Mart\u00edn y sus herederos y ampl\u00eda la condena al pago de los intereses, que se devengan desde el momento en el que se produjo el perjuicio, en 1988, cuando se suscribieron los contratos de venta de acciones y derechos de suscripci\u00f3n preferente.<\/p>\n
El Supremo conden\u00f3 a los primos en marzo de 2003 por estafa y falsedad en documento mercantil, estableciendo su responsabilidad solidaria respecto de las indemnizaciones fijadas a favor de los perjudicados, aunque en 2008 el Constitucional les absolvi\u00f3 al considerar prescritos los hechos.<\/p>\n
El Alto tribunal hab\u00eda considerado que el delito de estafa se produjo cuando los acusados no informaron a los dem\u00e1s interesados del contrato de compromiso alcanzado en Londres con KIO, en el que se pact\u00f3 un precio global de 231.000 pesetas por metro cuadrado para el 95 por ciento de las acciones de Urbanor.<\/p>\n
Sin embargo, los minoritarios vendieron sus acciones a 150.000 pesetas el metro cuadrado convencidos de que \u00e9se era el precio que iban a cobrar todos.<\/p>\n
Tras la absoluci\u00f3n del Constitucional, el Supremo hizo lo propio y los empresarios procedieron a solicitar la devoluci\u00f3n de las cantidades que hab\u00edan abonado a los perjudicados, lo que dio origen a este pleito civil.<\/p>\n
Los magistrados subrayan ahora que Cortina y Alcocer vulneraron el principio de la buena fe contractual en la operaci\u00f3n dise\u00f1ada y, rechazando sus argumentos, insisten en que a los socios se \u00ables priv\u00f3 de obtener un mayor precio de compra por ocultarles las verdaderas condiciones de la venta e inducirles con ello a error al contratar\u00bb.<\/p>\n
As\u00ed, tambi\u00e9n descarta las infracciones procesales alegadas respecto a la falta de motivaci\u00f3n, la carga de la prueba y el error en su valoraci\u00f3n en la sentencia recurrida y confirma las conclusiones a las que lleg\u00f3 la Audiencia sobre la existencia de un contrato de mandato, la responsabilidad \u00abfundada en el dolo\u00bb y la lesi\u00f3n producida.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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