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Madrid, 16 nov (EFE).- La disparidad normativa entre comunidades aut\u00f3nomas respecto a la aplicaci\u00f3n del sistema de la dependencia est\u00e1 provocando desigualdades entre beneficiarios e inseguridad jur\u00eddica, seg\u00fan denuncia un informe la Federaci\u00f3n de Organizaciones en favor de Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps).<\/p>\n
El informe sobre la regulaci\u00f3n de la participaci\u00f3n econ\u00f3mica del beneficiario de la dependencia reclama a las CCAA que refundan la normativa y establezcan unos criterios comunes para todos, independientemente del lugar en el que residan.<\/p>\n
\u00abExisten muchas desigualdades a la hora de regular y establecer f\u00f3rmulas econ\u00f3micas\u00bb de renta o en los precios de referencia de cada servicio, ha se\u00f1alado la coordinadora del informe, In\u00e9s de Araoz, quien ha denunciado \u00ablos recortes de derechos\u00bb que se est\u00e1n aplicando, que alejan a los dependientes de unas \u00abcondiciones de vida dignas\u00bb.<\/p>\n
El informe, que revisa las normativas estatal y auton\u00f3mica relacionada con el sistema de la dependencia, expone que la actual regulaci\u00f3n est\u00e1 provocando desigualdad territorial e inseguridad jur\u00eddica, adem\u00e1s de que no es transparente.<\/p>\n
As\u00ed, lamenta que los acuerdos adoptados entre CCAA y el Gobierno en los consejos territoriales a nivel general \u00aben la pr\u00e1ctica no resultan vinculantes\u00bb para las comunidades, por lo que \u00abcoexisten 17 subsistemas\u00bb de la dependencia.<\/p>\n
Incluso, explica el informe de Feaps, dentro de una misma comunidad aut\u00f3noma existen varias normas para regular la capacidad econ\u00f3mica de los beneficiarios.<\/p>\n
\u00abLas normas que se van publicando no derogan o sustituyen completamente a las precedentes; tanta sobreabundancia y mezcolanza normativa introduce un factor de inseguridad jur\u00eddica en la personas en situaci\u00f3n de dependencia que no sabe de forma clara a qu\u00e9 norma remitirse o si esta habr\u00e1 sido modificada total o parcialmente por otras\u00bb, ha explicado la coordinadora del informe.<\/p>\n
A pesar de la \u00absobreabundancia\u00bb legislativa, el estudio constata lagunas en aspectos relacionados con la participaci\u00f3n econ\u00f3mica del beneficiario que no han sido regulados.<\/p>\n
\u00abEl contenido econ\u00f3mico del derecho de una persona en la misma situaci\u00f3n va a variar sustancialmente dependiendo de en qu\u00e9 comunidad aut\u00f3noma resida el beneficiario\u00bb, destaca la investigaci\u00f3n, que denuncia la inexistencia de \u00abun contenido m\u00ednimo com\u00fan de derechos para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio\u00bb.<\/p>\n
Por ejemplo, se\u00f1ala que el l\u00edmite de renta establecido para estar excluido del coste de los servicios por falta de recursos suficientes, es de 532 euros al mes en comunidades como Andaluc\u00eda, Extremadura, Asturias o Madrid, que fijan un indicador de renta, conocido como IPREM.<\/p>\n
Otras regiones establecen otro valor diferente del IPREM, como Castilla y Le\u00f3n que utiliza para calcular el copago la pensi\u00f3n no contributiva o Catalu\u00f1a que lo refiere al \u00edndice de renta de suficiencia mejorando el m\u00ednimo exento (569 euros al mes).<\/p>\n
A todas estas disparidades se unen \u00ablas reformas de gran calado\u00bb durante los \u00faltimos a\u00f1os que \u00abelimina los niveles para los nuevos solicitantes\u00bb y las revisiones de grado y nivel, lo que implica una reducci\u00f3n de la cuant\u00eda a percibir.<\/p>\n
Tambi\u00e9n expone la reducci\u00f3n del n\u00famero de horas del servicio de ayuda a domicilio, de la cuant\u00eda del nivel m\u00ednimo de protecci\u00f3n -una media del 13 por ciento- para los beneficiarios que ya tuvieran reconocido el derecho y la posibilidad de aplazar de los efectos retroactivos de las prestaciones econ\u00f3micas de 5 a 8 a\u00f1os.<\/p>\n
El documento rechaza que en algunas CCAA se est\u00e9n estableciendo tasas que deben abonar los beneficiarios para solicitar la revisi\u00f3n de su dependencia.<\/p>\n
\u00abLa discapacidad est\u00e1 relacionada con la pobreza\u00bb, ha dicho la autora y jurista, quien ha recordado que existe la recomendaci\u00f3n europea de que las pol\u00edticas restrictivas deben ser evaluadas antes de su aplicaci\u00f3n, que no se ha hecho, a su juicio, \u00abporque est\u00e1 claro el impacto negativo que est\u00e1n teniendo\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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