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Madrid, 22 nov (EFE).- El Supremo ha obligado al Servicio P\u00fablico de Empleo Estatal a pagar una renta de inserci\u00f3n a una mujer, v\u00edctima de violencia machista, a quien le hab\u00eda sido negada porque ning\u00fan tribunal hab\u00eda acordado una orden de protecci\u00f3n integral a favor suyo.<\/p>\n
En una resoluci\u00f3n notificada hoy, el Supremo interpreta que para que una v\u00edctima de violencia machista tenga derecho a la renta activa de inserci\u00f3n basta con que acredite que la Administraci\u00f3n competente le haya reconocido tal condici\u00f3n.<\/p>\n
Y considera que desde el momento en que un juzgado ha adoptado una orden de alejamiento por una denuncia de este tipo, se ha reconocido que es v\u00edctima de violencia dom\u00e9stica, sin necesidad de que conste una orden de protecci\u00f3n integral.<\/p>\n
El Juzgado N\u00famero 1 de Violencia sobre la Mujer rechaz\u00f3 adoptar una orden de protecci\u00f3n integral contra la v\u00edctima y recurrente, Luc\u00eda M.R., pero s\u00ed prohibi\u00f3 al hombre denunciado aproximarse a ella a una distancia inferior a 300 metros y comunicarse por cualquier medio con la mujer.<\/p>\n
La v\u00edctima solicit\u00f3 entonces (agosto de 2011) una renta activa de inserci\u00f3n, de 426 euros mensuales, prevista por la Ley para desempleados con especiales necesidades y tambi\u00e9n para quienes tengan acreditada la condici\u00f3n de v\u00edctima de violencia de g\u00e9nero.<\/p>\n
La Ley Org\u00e1nica de Medidas de Protecci\u00f3n Integral contra la Violencia de G\u00e9nero prev\u00e9 que la condici\u00f3n de v\u00edctima se deba acreditar con la orden de protecci\u00f3n y, excepcionalmente, a trav\u00e9s de un informe del Fiscal que recoja la existencia de indicios.<\/p>\n
A esa norma se acogi\u00f3 el Estado en su negativa y las sentencias que la negaron tambi\u00e9n. Contra ellas ha recurrido la mujer ante el Supremo.<\/p>\n
Y esa es, precisamente, la clave del caso que identifica el alto tribunal en la sentencia notificada hoy: \u00abcu\u00e1les son los requisitos para acreditar la condici\u00f3n de v\u00edctima de violencia de g\u00e9nero a efectos de acceder al programa de renta activa de reinserci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n
El tribunal considera que la renta activa de inserci\u00f3n no est\u00e1 regulada por la Ley Org\u00e1nica citada sino por un Real Decreto espec\u00edfico que no exige la presentaci\u00f3n de la orden de protecci\u00f3n para acreditar la citada condici\u00f3n de v\u00edctima.<\/p>\n
Esta previsi\u00f3n coincide, dice el Supremo, con las de otras leyes aplicables al caso, seg\u00fan las cuales basta para con que se hayan adoptado medidas cautelares a favor de la v\u00edctima.<\/p>\n
De este modo, dice el Supremo, \u00abhemos de considerar acreditada por la demandante la condici\u00f3n de v\u00edctima de la violencia de g\u00e9nero\u00bb a efectos de esta renta activa de inserci\u00f3n, que deber\u00e1 cobrar a partir del mes de agosto de 2011, cuando la solicit\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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