![\"fotonoticia_20131014114700_800\"](\"https:\/\/www.eldigitaldeasturias.com\/noticias\/wp-content\/uploads\/2013\/10\/fotonoticia_20131014114700_800-360x269.jpg\")
MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) –\u00a0El almacenamiento subterr\u00e1neo de Castor es la \u00fanica de las tres grandes infraestructuras de este tipo en Espa\u00f1a, entre las que tambi\u00e9n figuran las de Yela y Gaviota, que tiene derecho a una compensaci\u00f3n en caso de cese por dolo o negligencia de la empresa, informaron a Europa Press en fuentes del sector.<\/p>\n
Este punto, recogido en el real decreto 855\/2008 de concesi\u00f3n de explotaci\u00f3n de Castor, difiere de lo establecido en los reales decretos correspondientes a Yela y Gaviota, y fue el motivo por el que el Gobierno impugn\u00f3 la norma el 11 de mayo de 2012 ante el Tribunal Supremo. El recurso se present\u00f3 apenas cinco d\u00edas antes de que concluyese el periodo de cuatro a\u00f1os para presentar una reclamaci\u00f3n por lesividad.<\/p>\n
En el art\u00edculo 14 del real decreto de Castor se dice que si hay una \u00abcaducidad o extinci\u00f3n\u00bb de las instalaciones a causa de \u00abdolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria\u00bb, se pagar\u00e1 una compensaci\u00f3n correspondiente al \u00abvalor residual\u00bb de estas instalaciones, \u00absin perjuicio de otras responsabilidades de la empresa concesionaria\u00bb.<\/p>\n
Este reconocimiento de un valor residual, que se refiere al valor del activo en el momento en que deja de usarse, difiere de los reales decretos de Yela y Castor, en los que se dice expresamente que, en caso de \u00abdolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria\u00bb, no hay indemnizaci\u00f3n posible.<\/p>\n
Adem\u00e1s, en el art\u00edculo 14 se alude expresamente a que Castor tiene garantizado por parte del Estado la \u00abrecuperaci\u00f3n de la inversi\u00f3n\u00bb en caso de que se produzca su \u00abcaducidad o extinci\u00f3n\u00bb. Esta expresi\u00f3n no figura en los art\u00edculos referidos a la extinci\u00f3n de instalaciones en los reales decretos de Yela y Gaviota, que son los 1061\/2007 y 1804\/2007, respectivamente.<\/p>\n
El real decreto 855\/2008 concede la explotaci\u00f3n del almacenamiento subterr\u00e1neo de gas de Castor a la sociedad Escal UGS, participada en un 66% por ACS y en un 33% por la canadiense CLP.<\/p>\n
VALOR CONTABLE Y SANCIONES.<\/p>\n
Al igual que con el complejo alcarre\u00f1o de Yela y el vasco de Gaviota, el acuerdo con la empresa presidida por Florentino P\u00e9rez y su socio canadiense recoge una indemnizaci\u00f3n por el \u00abvalor neto contable\u00bb en caso de caducidad o extinci\u00f3n, siempre que las instalaciones \u00abcontin\u00faen operativas\u00bb. Este valor neto equivale al valor del activo, menos las amortizaciones acumuladas.<\/p>\n
En los contratos de Castor y Gaviota, y no en el de Yela, se precisa que la extinci\u00f3n de la concesi\u00f3n se producir\u00e1 \u00absin perjuicio de las sanciones a que dieran lugar las causas que la provocan\u00bb, y se deja claro que \u00ablas instalaciones revertir\u00e1n en el Estado\u00bb.<\/p>\n
\u00abABUSIVO\u00bb.<\/p>\n
El art\u00edculo 14 con las condiciones de extinci\u00f3n de la concesi\u00f3n es precisamente el que ha sido impugnado por el Gobierno ante el Tribunal Supremo, al considerar \u00ababusivo\u00bb que en \u00e9l se recoja una compensaci\u00f3n para el cese de Castor incluso cuando se haya producido como consecuencia de dolo o negligencia de la empresa promotora.<\/p>\n
Castor, Gaviota y Yela, con 1.300 millones, 1.546 millones y 1.050 millones de metros c\u00fabicos de gas, respectivamente, son los tres \u00fanicos almacenamientos subterr\u00e1neos espa\u00f1oles con capacidad superior a los 1.000 millones de metros c\u00fabicos de gas.<\/p>\n
DECLARACI\u00d3N DE LESIVIDAD.<\/p>\n
La demanda presentada ante el Supremo por parte del Gobierno se realiza en contra de un real decreto aprobado por el propio Gobierno. Pese a la aparente contradicci\u00f3n, esta posibilidad aparece recogida en el Derecho espa\u00f1ol bajo la figura de la declaraci\u00f3n de lesividad, en la que una entidad administrativa puede denunciar por da\u00f1ino para los intereses p\u00fablicos un acto previamente dictado por ella misma.<\/p>\n
En el caso de Castor, la cl\u00e1usula \u00ababusiva\u00bb a juicio de Soria podr\u00eda evitar una indemnizaci\u00f3n a\u00fan no cuantificada. El Gobierno ha encargado a una auditoria que determine el coste del almacenamiento, despu\u00e9s de que se disparase desde los 500 millones inicialmente previsto. En todo caso, el ministro cifr\u00f3 la semana pasada en 1.700 millones la inversi\u00f3n acometida, gastos financieros incluidos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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