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La titular del Juzgado de lo Penal n\u00famero 6 de Valencia ha condenado a sendas penas de cuatro a\u00f1os de prisi\u00f3n por otros tantos delitos fiscales a dos antiguos responsables de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales de Valencia SA (Emarsa), que gestionaba la estaci\u00f3n depuradora de Pinedo, y a un empresario.<\/p>\n
La sentencia, notificada este lunes a las partes, declara probado que los entonces consejero delegado y gerente de Emarsa, Enrique Crespo y Esteban Cuesta, respectivamente, se concertaron con el administrador de diversas mercantiles, Jorge Ignacio Roca, para defraudar a Hacienda un total de 1.395.798 euros mediante devoluciones indebidas de IVA durante los ejercicios tributarios 2006, 2007, 2008 y 2009.<\/p>\n
La magistrada relata en la resoluci\u00f3n que el mecanismo defraudatorio empleado consisti\u00f3 en interponer entre Emarsa y varias mercantiles proveedoras del servicio de gesti\u00f3n de residuos \u201cun nivel de facturaci\u00f3n intermedio que permit\u00eda incrementar artificiosamente el precio facturado por dicha gesti\u00f3n, aplic\u00e1ndole a la base imponible un gravamen del 16% cuando a dicha actividad correspond\u00eda el 7%\u201d.<\/p>\n
Esa facturaci\u00f3n intermedia era realizada por tres empresas administradas por Jorge Ignacio Roca, Erwinin SL, Zonday Investments SL y Printergreen SL.<\/p>\n
Los otros dos acusados, gestores de la empresa p\u00fablica, inclu\u00edan esas facturas en las declaraciones mensuales y anuales de IVA, \u201ccon pleno conocimiento de que dicho proveedor no hab\u00eda prestado servicio alguno a Emarsa\u201d y de que el servicio contemplado en esos documentos \u201cestaba siendo prestado por otra empresa a la mitad de precio y con un tipo de gravamen inferior\u201d, a\u00f1ade la resoluci\u00f3n.<\/p>\n
La titular del Juzgado de lo Penal 6 considera a Crespo y Cuesta autores de cuatro delitos contra la Hacienda P\u00fablica por devoluciones indebidas en las liquidaciones del IVA de Emarsa, mientras que al empresario le condena como cooperador necesario de esos mismos delitos.<\/p>\n
La magistrada aprecia en todos los casos la atenuante de dilaciones indebidas e impone a cada acusado, por cada uno de los cuatro delitos, un a\u00f1o de prisi\u00f3n, el pago de una multa y la p\u00e9rdida durante tres a\u00f1os de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas p\u00fablicas, as\u00ed como del derecho a gozar de beneficios o incentivos tanto fiscales como de la Seguridad Social.<\/p>\n
Igualmente, la sentencia, que puede ser recurrida en apelaci\u00f3n ante la Audiencia Provincial de Valencia, establece que deben indemnizar de forma solidaria y conjunta a la Hacienda P\u00fablica con el montante total defraudado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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