{"id":1074373,"date":"2020-08-29T13:24:59","date_gmt":"2020-08-29T13:24:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.eldigitaldeasturias.com\/noticias\/?p=1074373"},"modified":"2020-08-29T13:24:59","modified_gmt":"2020-08-29T13:24:59","slug":"hrw-acusa-a-maduro-de-reprimir-a-la-poblacion-en-plena-crisis-sanitaria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.eldigitaldeasturias.com\/noticias\/hrw-acusa-a-maduro-de-reprimir-a-la-poblacion-en-plena-crisis-sanitaria\/","title":{"rendered":"HRW acusa a Maduro de reprimir a la poblaci\u00f3n en plena crisis sanitaria"},"content":{"rendered":"
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FOTO: ROMAN CAMACHO \/ ZUMA PRESS \/ CONTACTOPHOTO<\/figcaption><\/figure>\n

(Europa Press) –\u00a0Las autoridades venezolanas se est\u00e1n sirviendo de las medidas de control de la COVID-19 y del estado de excepci\u00f3n decretado a mediados de marzo como \u00abexcusa\u00bb para reprimir a la disidencia e intensificar el control de la poblaci\u00f3n, seg\u00fan la ONG Human Rights Watch (HRW), que ha denunciado detenciones arbitrarias de periodistas, trabajadores sanitarios, abogados y pol\u00edticos opositores.<\/p>\n

El estado de excepci\u00f3n y alarma contempla restricciones a la circulaci\u00f3n, la suspensi\u00f3n de algunas actividades y el uso obligatorio de mascarillas. El presidente, Nicol\u00e1s Mauduro, lo ha prorrogado ya cinco veces, a pesar de que la Constituci\u00f3n establece un m\u00e1ximo de 60 d\u00edas y la Asamblea Nacional, controlada por la oposici\u00f3n, no ha dado el visto bueno.<\/p>\n

Con este decreto, las fuerzas de seguridad pueden realizar \u00abinspecciones\u00bb si existe una \u00abfundada sospecha\u00bb de que se est\u00e1n violando las disposiciones excepcionales; una puerta abierta a la represi\u00f3n, como ya constat\u00f3 en julio el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en un informe y han venido denunciando en estos \u00faltimos meses organizaciones locales.<\/p>\n

HRW estima que al menos 162 personas fueron sido v\u00edctimas de hostigamiento, detenci\u00f3n o persecuci\u00f3n penal entre marzo y junio, si bien otras fuentes como Foro Penal han constatado 252 arrestos arbitrarios entre marzo y julio. Los detenidos pueden terminar acusados de delitos previstos en la ambigua \u00abley contra el odio\u00bb y procesados sin apenas acceso a abogados y por un sistema judicial vinculado al Gobierno.<\/p>\n

El director para las Am\u00e9ricas de HRW, Jos\u00e9 Miguel Vivanco, ha advertido de que \u00aben la Venezuela de hoy, no es posible siquiera compartir un mensaje privado v\u00eda WhatsApp en el cual se critique a los incondicionales de Maduro sin temor a convertirse en objeto de persecuci\u00f3n penal\u00bb, en un contexto en que las fuerzas de seguridad y los grupos afines se sienten avalados para \u00abreprimir con mayor ferocidad a los venezolanos\u00bb.<\/p>\n

L\u00cdNEAS ROJAS<\/h3>\n

HRW ha alertado de los retrasos que la pandemia ha generado en el sistema judicial y que las autoridades se hayan agarrado a la emergencia sanitaria para justificar la realizaci\u00f3n de arrestos sin la orden previa de un juez. Adem\u00e1s, la Justicia ha prohibido a personas bajo arresto domiciliario que usen redes sociales o se refieran a asuntos de Estado, una medida que violar\u00eda su libertad de expresi\u00f3n.<\/p>\n

En este sentido, la ONG ha recordado que el Derecho Internacional tambi\u00e9n establece l\u00edneas rojas en situaciones de emergencia como la actual. Entre ellas figuran el derecho a la vida, la prohibici\u00f3n a la tortura y los maltratos, el derecho a un juicio justo y a no sufrir detenci\u00f3n arbitraria y el derecho a la revisi\u00f3n judicial de las detenciones.<\/p>\n

Adem\u00e1s, cualquier restricci\u00f3n de otros derechos debe estar contemplada en la ley y ser necesaria y proporcional a la amenaza que supone la pandemia de COVID-19, de la que se han detectado m\u00e1s de 42.000 casos en territorio venezolano.<\/p>\n

REPRESI\u00d3N A TODOS LOS NIVELES<\/h3>\n

La ONG ha puesto como ejemplo de este patr\u00f3n de abusos el caso de un activista detenido en marzo cuando ayudaba a manifestantes y que permaneci\u00f3 bajo custodia militar atado a una columna durante cinco horas, sin comida ni agua y sometido a golpes. En abril, los polic\u00edas mantuvieron esposado en un patio durante dos horas a un abogado que hab\u00eda criticado a las autoridades en las redes sociales y le negaron el acceso al ba\u00f1o durante m\u00e1s de un d\u00eda.<\/p>\n

La represi\u00f3n se extiende tambi\u00e9n al \u00e1mbito sanitario, como le ocurri\u00f3 a la bioanalista Andrea Sayago, que tras realizar el 3 de abril las pruebas al primer paciente con COVID-19 que lleg\u00f3 a su hospital, en la ciudad de Valera, alert\u00f3 a sus compa\u00f1eros a trav\u00e9s de un mensaje de WhatsApp para que tomasen las medidas necesarias, adjuntando incluso los resultados de las pruebas.<\/p>\n

El mensaje circul\u00f3 ampliamente a trav\u00e9s de redes sociales y los directores del hospital presionaron a Sayago para que dimitiese, bajo la amenaza de que podr\u00eda ser detenida o procesada. Este arresto finalmente se produjo, despu\u00e9s de que as\u00ed lo pidiese p\u00fablicamente la esposa del gobernador de Trujillo, Jacqueline Pe\u00f1aloza de Range, responsable de una alianza p\u00fablico-privada que administra varios sistemas de servicios de salud.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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