VOX Asturias ha presentado en la Junta, como en el resto de parlamentos autonómicos donde tiene representación, una iniciativa para solicitar al Gobierno que presente un Recurso de Anulación contra la decisión del Parlamento Europeo de reconocer a Puigdemont y Comín como eurodiputados.
VOX recuerda al Ejecutivo que el artículo 263 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (UE) le habilita para interponer este recurso. Por ello, esta formación pone a disposición de la Abogacía del Estado la demanda contra el PE. Esta formación espera que el resto de partidos políticos se sume a la iniciativa de VOX y se incline por defender la Soberanía de España y el Estado de Derecho y no permita el insulto de las instituciones europeas a España y a su ordenamiento jurídico.
De acuerdo con la norma de la Unión Europea, los procedimientos electorales dependen de cada Estado miembro. En el caso de España, para obtener la credencial que, una vez presentada en el Europarlamento, permite adquirir la condición de eurodiputado, hay que acatar la Constitución en territorio nacional.
Atentado contra el Principio de Igualdad
La semana pasada, el presidente de VOX, Santiago Abascal, anunció desde Estrasburgo junto al eurodiputado Jorge Buxadé una demanda en el mismo sentido interpuesta por los tres europarlamentarios de VOX contra la decisión del Parlamento Europeo. Abascal afirmó que se trata de un “insulto a los españoles que cumplen la ley”.
Ni Puigdemont ni Comín han acatado la Constitución Española, puesto que se encuentran fugados de la Justicia Nacional desde 2017. Por ello, España no ha comunicado a Bruselas que ambos puedan ser eurodiputados y no ha enviado sus credenciales. Por ello, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha atentado contra el Principio de Igualdad, dado que el resto de eurodiputados ha tenido que cumplir este protocolo para obtener la condición de eurodiputado.
Por otro lado, esta formación recuerda a Sassoli que el cargo de eurodiputado es incompatible con el de diputado autonómico, y que, tanto Puigdemont como Comín han sido diputados regionales hasta el 7 de enero. De este modo, ninguno de los dos tiene derecho a recibir sueldos atrasados, desde el mes de julio, como pretendía el Europarlamento.
Resulta inaceptable para esta formación que se cargue a los ciudadanos españoles -que también sufragan con sus impuestos los desorbitados gastos de la Unión Europea- los gastos de dos prófugos acusados de atentar contra la unidad de España.