Sevilla, 26 jul (EFE).- La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza civil de 101.079 euros a un comercial de la aseguradora Vitalia imputado por cobrar, presuntamente, 111.630 euros a Mercasevilla utilizando su amistad con los sindicatos para desbloquear las negociaciones.
La juez, en un auto al que ha tenido acceso Efe, dice que el imputado Francisco José González García era amigo del «conseguidor» de los ERE Juan Lanzas, ya imputado, y creó su empresa Hermes Consulting para canalizar el pago de sus servicios, en un sistema luego «adoptado» por Lanzas con su sociedad Maginae Solutions.
El auto afirma que González García trabajó entre 1994 y 2010 para Vitalia, que lo contrató por sus contactos con los sindicatos dado que con anterioridad había sido delegado sindical de CCOO en la empresa Industria Subsidiaria de Aviación (ISA).
Se da la circunstancia de que la Audiencia de Sevilla concluyó en mayo un juicio de seis meses, ahora pendiente de sentencia, contra dos sindicalistas de CCOO y tres empresarios acusados de desviar, hace veinte años, unas ayudas millonarias de la Junta y el Gobierno central para un ERE en la empresa ISA y sus sucesoras.
Ahora, Alaya imputa al comercial haber ofrecido los servicios del holding Vitalia a las empresas de las que conocía sus dificultades coyunturales, gracias a sus contactos sindicales.
Dadas las dificultades que tenía para cobrar sus comisiones, creó la empresa Hermes Consulting y nombró administrador a su cuñado, pero comprobó que no era viable pues carecía de los «contactos y la influencia de otros partícipes en el negocio, como Juan Lanzas».
Así, tras un primer intento de cobrar comisión por el ERE de Mercasevilla de 2003 mediante la inclusión en ese expediente de su vecina, la sexagenaria Carmen Fontela, González García firmó con la lonja un contrato de servicios por el que percibió 111.630 euros.
Dice Alaya que no consta que emitiera el informe encargado mediante dicho contrato y, en cambio, el desglose de lo cobrado corresponde a 12.020 euros en 2003 por tramitar subvenciones, 29.810 euros en 2004 «sin que conste el motivo» y en 2006 un total de 6.000 euros «por desbloqueo de negociaciones entre el Comité de Empresa, por la amistad que le unía con Rafael Domínguez, presidente del mismo, y Mercasevilla», según el auto.
En 2008 volvió a cobrar 63.800 euros «por intermediación en el ERE de 2003 entre la empresa y los sindicatos y por buscar financiación pública para la operación».
González García, según Alaya, pidió a Lanzas «participar también en su negocio» y «puestos de común acuerdo» incluyeron a su vecina Carmen Fontela en el ERE del Restaurante Río Grande, tras el fracaso del intento de incluirla en el de Mercasevilla.
La mujer fue adjudicataria de 155.507 euros, que se repartieron González García y Lanzas «a excepción de nimias cantidades entregadas a la señora Fontela como regalo», según el auto.
Por ello, teniendo en cuenta el 50 por ciento de las cantidades percibidas por ambos, más el tercio legal previsto en estos casos, el auto fija la fianza civil al comercial en 101.079 euros.
