Buenos Aires, 23 ago (dpa) – La Justicia argentina registró hoy dos de las tres viviendas de la senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, investigada como supuesta líder, junto con su fallecido esposo Néstor Kirchner, de una asociación ilícita que cobraba sobornos a empresarios por contratos de obras públicas.

Efectivos y peritos de la Policía Federal y de la Policía Científica ingresaron este mediodía con equipamiento especial al edificio donde reside Fernández de Kirchner en la ciudad de Buenos Aires, por orden del juez Claudio Bonadio. Horas más tarde comenzó el registro de la casa que posee en la ciudad de Río Gallegos, en la austral provincia de Santa Cruz.

La ex mandataria (2007-2015) no pasó la noche en su departamento en Buenos Aires porque se hospedó en la casa de su hija Florencia, según precisó su abogado Gregorio Dalbón. Otro letrado de Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, denunció que lo hicieron salir de la vivienda cuando ingresaron los policías.

«Estamos frente a una farsa y no frente a un procedimiento judicial», sostuvo Beraldi, quien anticipó que pedirá «la nulidad de todo el procedimiento». Cientos de seguidores de la ex mandataria se acercaron al lugar con carteles de apoyo y una extensa bandera argentina.

El Senado aprobó en la noche del miércoles la solicitud que había presentado hace tres semanas Bonadio para registrar tres viviendas particulares de Fernández de Kirchner, una en Buenos Aires y dos en la provincia de Santa Cruz, ya que como senadora de la opositora Unidad Ciudadana peronista cuenta con fueros parlamentarios que la protegen.

La Cámara alta autorizó el procedimiento en el tercer intento, luego de que las dos semanas anteriores no se alcanzara el quórum necesario. Un día antes, Fernández de Kirchner había aceptado finalmente votar la solicitud judicial, mientras miles de personas salieron a las calles para reclamar al Senado que quite los fueros a la ex presidenta.

El juez Bonadio investiga si Néstor Kirchner (2003-2007), fallecido en 2010, y su esposa y sucesora, de 65 años, lideraron una supuesta asociación ilícita que cobraba sobornos a cambio del otorgamiento de contratos de obras públicas.

La investigación judicial se basa en los ocho cuadernos escritos entre 2005 y 2015 por Óscar Centeno, el chofer del ex «número dos» de Planificación Federal Roberto Baratta, uno de los detenidos por esta causa.

En ellos, el chofer describió las fechas, las direcciones, los nombres y los montos de dinero de los supuestos pagos de dinero de empresarios a funcionarios. Precisó además que el dinero era entregado en bolsos y llevado en algunos casos a la residencia presidencial oficial, la vivienda particular de los Kirchner u oficinas oficiales.

Tras su difusión, varios empresarios declararon ante el juez como «arrepentidos» y aseguraron que pagaron sobornos, como también algunos ex funcionarios reconocieron que recibieron pagos ilegales.

La ex presidenta, que afronta además otras investigaciones en su contra, rechazó en cambio todos los cargos y denunció una persecución judicial. «No me arrepiento de nada de lo que hice», aseguró ante el pleno del Senado. Cerca de 40 ex funcionarios y empresarios se encuentran imputados en la causa de «los cuadernos de los sobornos».

Por Cecilia Caminos (dpa)