Managua, 12 dic (dpa) – Reacciones encontradas provocó en Nicaragua la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de la ley conocida como “Magnitsky Nica Act”, que impondrá nuevas sanciones al Gobierno de Daniel Ortega por supuesta corrupción y violación de derechos humanos.
La iniciativa, que combinó dos proyectos de ley para sancionar a la Administración del presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, fue aprobada el martes y enviada a la Casa Blanca para ser firmada por el presidente Donald Trump.
«Los Estados Unidos están dispuestos a continuar presionando para apoyar al pueblo de Nicaragua en su lucha contra la dictadura. La firma (de Trump) es cuestión de horas o días», declaró al canal 100% Noticias Violeta Granera, dirigente del opositor Frente Amplio por la Democracia (FAD).
Por su parte, el líder estudiantil exiliado Lesther Alemán, pidió desde Washington incluir en las sanciones a la ministra de Salud, Sonia Castro, al presidente del Parlamento, Gustavo Porras, «y a todos los que han participado en la represión del régimen».
Sin embargo, ex funcionarios y economistas recibieron la noticia con más pesimismo por considerar que la ley tendría «efectos devastadores» sobre la frágil economía nicaragüense.
«Es terrible, es devastador, es un golpe a la imagen (del Gobierno) que difícilmente se puede soslayar», comentó el ex canciller liberal Norman Caldera (2002-2006).
La ley «sería gravísima para Nicaragua. Vendría una paralización casi total de la inversión pública, el cierre de empresas constructoras y se suspendería la construcción de viviendas, hospitales y escuelas», advirtió el economista Néstor Avendaño.
En el mismo sentido, el ex presidente del Banco Central Mario Arana dijo que la ley «afectará la imagen del país y el flujo de recursos multilaterales, los proyectos de infraestructura, las decisiones sobre inversión y las oportunidades de empleo».
En tanto, la ex guerrillera y opositora Dora María Téllez destacó que a esta ley seguirán «más sanciones contra el círculo de poder Ortega-Murillo», dado que la enmienda del legislador Marco Rubio permite perseguir y juzgar en tribunales de Estados Unidos a personas involucradas en delitos en Nicaragua.
«Es un asunto sumamente serio, que debería llamar a la reflexión a la familia Ortega, para no seguir precipitando al país hacia una condición económica tan grave. Es la oportunidad del Gobierno de cesar la represión, liberar a los presos políticos y entrar a una negociación de inmediato», afirmó Téllez, dirigente del opositor Movimiento Renovador Sandinista (MRS).
La ex compañera de armas de Ortega propuso incluir en la lista de sancionados a la ministra de Gobernación, María Coronel, y a la presidenta del Poder Judicial, Alba Luz Ramos, quien «ha dirigido los pelotones de fusilamiento judicial de presos políticos».
Por su parte, a través de una carta pública el sector empresarial llamó al presidente Ortega a retomar el diálogo y a aceptar una salida negociada a la grave crisis que se inició en abril, lo que incluiría reformas en el sistema electoral y elecciones anticipadas con observación internacional.
Los empresarios señalaron además que en el país «se han encarcelado y enjuiciado sin respeto al debido proceso a cientos de nicaragüenses que participaron en las protestas o por ejercer simplemente sus derechos constitucionales».
Nicaragua vive desde abril su peor crisis política en varias décadas, que se ha saldado con cientos detenidos que la oposición considera «presos políticos», así como con cientos de fallecidos, la mayoría manifestantes antigubernamentales.