Buenos Aires, 17 sep (dpa) – La Justicia acusó hoy formalmente a la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner por liderar una asociación ilícita que recibía sobornos de empresarios a cambio de concederles obras públicas, informaron fuentes judiciales.
La decisión fue tomada por el juez federal Claudio Bonadio, que en una resolución de unas 500 páginas también pidió el arresto preventivo de Fernández de Kirchner, una solicitud que, sin embargo, recién hará efectiva a la Cámara de Senadores cuando la Cámara Nacional de Apelaciones, la instancia judicial superior al magistrado, homologue el procesamiento.
Una vez avalada esa resolución, entonces Bonadio presentará el pedido para quitarle la inmunidad parlamentaria con la que Fernández de Kirchner cuenta como senadora de la agrupación opositora del peronismo disidente Unidad Ciudadana.
La inmunidad parlamentaria impide concretar la detención de Fernández de Kirchner a menos que así lo autoricen sus colegas legisladores.
Bonadio, por su parte, embargó los bienes de Fernández de Kirchner por 4.000 millones de pesos (99 millones de dólares).
Es el sexto procesamiento judicial que enfrenta Fernández de Kirchner desde que finalizó su gestión en diciembre de 2015.
Bonadio, además, procesó al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y a su «segundo» en esa repartición,, Roberto Baratta; ambos ya se encuentran detenidos.
Entre los empresarios acusados formalmente por pagar sobornos figura Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.
La investigación a cargo de Bonadio se inició cuando el diario «La Nación» reveló que el chofer de Baratta anotó entre 2005 y 2015 los detalles de los sobornos que iba a cobrar a distintas oficinas y empresas y a quiénes eran entregados, en algunos casos en la residencia presidencial oficial o el departamento privado de la familia Kirchner.
En el caso, conocido como «los cuadernos de la corrupción», varios ex funcionarios y empresarios se declararon arrepentidos y lograron algunos beneficios legales, entre ellos continuar en libertad mientras avanza la causa judicial.