Atenas/Ankara/Bruselas (dpa) – A veces son unas pocas docenas, otras, varios centenares. Las islas griegas en el este del mar Egeo reciben casi a diario migrantes que llegan en busca de una vida mejor.
A bordo de frágiles embarcaciones salen desde la costa oeste de Turquía y cruzan el Egeo con rumbo a las islas helenas de Lesbos, Samos o Kos, cada una de ellas puerta de entrada a la Unión Europea.
El 18 de marzo de 2016, la canciller alemana, Angela Merkel, los demás jefes de Estado y de Gobierno de la UE y el entonces jefe de Gobierno turco, Ahmet Davutoglu, pactaron el denominado Acuerdo UE-Turquía.
Éste estipulaba, entre otras cosas, que todos los migrantes que llegaran ilegalmente a las islas griegas situadas frente a las costas turcas serían devueltos a Turquía.
En el caso específico de los sirios, por cada refugiado de ese país que se devolviera a suelo turco, un solicitante de asilo residente en Turquía sería reubicado en territorio de la UE.
«Aquéllos que emprenden este peligroso camino no sólo arriesgan sus vidas, sino que además carecen de perspectivas de éxito», aseveró Merkel en su momento.
El acuerdo de readmisión entre la Unión Europea (UE) y Turquía es una de las piedras angulares de la política europea de migración, un pilar que la futura presidenta de la Comisión de la UE, la alemana Ursula von der Leyen, acaba de calificar de «importante y complejo».
Tres años y medio después de su implementación, Turquía amenaza con suspender la readmisión de inmigrantes llegados a Grecia desde sus costas. ¿Es éste el fin del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía?
En un principio, el acuerdo surtió efecto y calmó un poco la situación en las islas griegas. Desde abril, sin embargo, las cifras de las llegadas por mar a las islas griegas han vuelto a aumentar.
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, por sus siglas en inglés), en agosto llegaron a las islas más de 8.000 refugiados, mientras que un año antes habían sido sólo 3.200.
En los llamados «hotspots» o «puntos calientes», centros instalados para el registro de refugiados, viven más de 25.000 personas, de las cuales aproximadamente 4.200 son menores de edad que viajan sin acompañamiento.
Los centros de Lesbos, Chios, Samos, Leros y Kos tienen capacidad para acoger a 6.300 personas. A su alrededor se han erigido campamentos satélite donde los refugiados viven en tiendas de campaña o bajo lonas de plástico.
Hasta la fecha, todos los intentos de calmar la situación han fracasado. En 2017, el Gobierno de la izquierda radical liderado por Alexis Tsipras, desplazado en julio por el partido conservador Nueva Democracia, había tratado de descongestionar los campamentos al trasladar a varios miles de migrantes al continente.
Sin embargo, en opinión de la Comisión de la UE, la tramitación de las solicitudes de asilo y la deportación de las personas que no tienen derecho al mismo lleva demasiado tiempo.
El Gobierno de Tsipras había argumentado escasez de personal. Por otro lado, los expertos enviados por la UE a los «hotspots» griegos para agilizar los trámites de asilo tuvieron que marcharse debido a las malas condiciones de trabajo.
El nuevo Gobierno conservador del primer ministro Kyriakos Mitsotakis promete mejoras y afirma que sus predecesores, por razones ideológicas, habían sido reacios a enviar a muchos refugiados de regreso a Turquía.
Según la Comisión de la UE, sólo 2.400 sirios fueron devueltos a Turquía en el marco del acuerdo hasta marzo de 2019. Por otra parte, los países de la UE recibieron directamente de Turquía a más de 20.000 sirios que requerían protección internacional.
Desde el comienzo de la guerra civil en Siria en 2011, Turquía ha acogido a más de 3,6 millones de refugiados de su país vecino, más que ningún otro país del mundo.
Debido a la mala situación económica del país, Turquía está aumentando la presión sobre los refugiados a los que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, había acogido en su momento bajo la fórmula de «huéspedes».
El Gobierno de Estambul ha comunicado que expulsará de la metrópolis turca a los refugiados sirios que estén registrados oficialmente en otras provincias. El abandono de esta práctica tolerada durante años plantea serios problemas existenciales.
Por su lado, Erdogan está tratando de modelar su política exterior para equilibrar la fuga de votos y contar con el beneplácito de la población.
Recientemente amenazó a la UE con abrir sus fronteras a los refugiados en caso de que Turquía no recibiera más ayuda financiera, argumentando que su país no estaba en condiciones de cargar en solitario con el peso de la migración.
El presidente de Turquía siente que Europa lo ha dejado solo, y se ha quejado, una y otra vez, de que la UE no paga el dinero prometido para hacer frente a la llegada masiva de refugiados.
De hecho, Turquía podría verse amenazada por una nueva ola de refugiados. En las últimas semanas se ha intensificado la lucha por el último bastión rebelde de Siria, la provincia de Idlib, fronteriza con Turquía.
En la zona viven alrededor de tres millones de personas que huyeron de los combates en otras partes de Siria. Si las tropas del presidente sirio Bashar al-Assad lograran penetrar en estas regiones densamente pobladas, la gente podría intentar huir a Turquía, y de allí a la UE.
Hace algunos días, cientos de sirios se manifestaron en la frontera exigiendo que Ankara les permitiera refugiarse en territorio turco. En lugar de aceptar nuevos refugiados, Erdogan quiere asentarlos en una «zona segura» en el norte de Siria. Actualmente está negociando con Estados Unidos el establecimiento de una zona de este tipo.
La UE no le niega ayuda al Gobierno turco. La comunidad internacional prometió al Gobierno de Ankara 6.000 millones de euros (6.612 millones de dólares) para los años 2016 a 2019, fondos que estarían destinados a la atención de los refugiados.
La Comisión de la UE anunció recientemente que ya habían sido asignados contractualmente 3.500 millones de euros (3.857 millones de dólares), de los cuales habían sido desembolsados 2.400 millones de euros (2.645 millones de dólares) para más de 80 proyectos.
Amenazas de Ankara, centros de recogida congestionados en las islas griegas, casi ninguna deportación a Turquía. ¿Está el acuerdo entre la UE y Turquía al borde del fracaso?
La Comisión de la UE responde a estas preguntas con la seriedad habitual: «Creemos que podemos continuar cooperando con nuestros socios turcos con toda confianza», declaró un portavoz ante una consulta de la prensa.
Éste añadió que, sin embargo, se observa con preocupación el elevado número de migrantes que llegan a Lesbos. Al mismo tiempo, las autoridades de Bruselas dejan claro que esto es sólo una fracción de lo que era antes del acuerdo UE-Turquía.
Gerald Knaus, quien participó en la elaboración del Acuerdo UE-Turquía en 2016, también se refiere a estas cifras y confirma que, efectivamente, en agosto han llegado a las islas más personas que en cualquier otro mes desde marzo de 2016.
El experto en migración señala que, sin embargo, el número total en 2019 sigue siendo la mitad de lo que fue sólo en el mes de febrero de 2016, y que es una cifra insignificante si se tiene en cuenta que en Turquía reciben protección alrededor de 3,6 millones de sirios.
Knaus afirma que la idea de que Turquía ya ha abierto sus fronteras es absurda. «Actualmente estamos lidiando con un claro crecimiento de las cifras, y esa es una señal que hay que tomar seriamente. Pero la situación aún no está fuera de control».
El sociólogo destaca que aún existe la posibilidad de salvar el tratado y que para ello se debe elaborar un plan urgente de apoyo a las autoridades griegas.
Knaus explica que las solicitudes de asilo tendrían que ser procesadas dentro del plazo de unas semanas y que los migrantes deberían ser enviados de vuelta a Turquía rápidamente.
Además, es de la opinión de que las autoridades griegas necesitan ayuda de personal experimentado de, por ejemplo, Alemania, Francia y los Países Bajos. En cuanto al acuerdo, Knaus continuó: «Si fracasa, será por la falta de eficiencia en las islas griegas».
Por Michel Winde, Mirjam Schmitt, Takis Tsafos (dpa)