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  • El Sespa se reúne con la Comisión de Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios

    fotonoticia_20130920163043_800OVIEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) – La gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), Celia Gómez, se ha reunido este viernes con los integrantes de la Comisión de Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, que trabajarán para intentar asegurar la calidad de la prestación farmacéutica en Asturias.

    Según información de la Consejería de Sanidad, la comisión está integrada por 16 personas y su objetivo es impulsar medidas para una mejor utilización y prescripción de medicamentos y productos sanitarios y promover una prestación farmacéutica con criterios de eficacia, efectividad, seguridad, eficiencia y coordinada en los distintos ámbitos de la atención sanitaria del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

    Asimismo, desde el Ejecutivo apuntan que establecerá mayores niveles de transparencia en la toma de decisiones y tratará de garantizar la equidad en el acceso de las y los pacientes a los tratamientos, así como contribuir a la sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Asturias.

     

  • Principado y Ayuntamiento acuerdan llevar Adif, Gijón al Norte y una Oficina de Empleo a los ex juzgados

    gijonGIJÓN, 20 Sep. (EUROPA PRESS) – La concejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de Gijón, Lucía García, ha indicado este viernes que se ha acordado con el Principado la ocupación del antiguo Palacio de Justicia de Poniente, para trasladar allí, a dos de las plantas, a los trabajadores que tenía FEVE en la estación del Humedal y al personal de Renfe-Adif, así como la sede de Gijón al Norte, mientras que en el resto del edificio estaría la Oficina de Empleo que existía ahora en la calle de Fermín Canella, y otros servicios regionales como la Oficina de Atención al Consumidor.

    Así lo ha señalado la edil socialista Begoña Fernández, respecto a la respuesta dada por García en la Comisión de Urbanismo celebrada en este día. Este acuerdo aún exige una revisión del convenio firmado en su día entre el Principado y el Ayuntamiento para la construcción del Palacio de Justicia, y por el que el inmueble revertiría al Consistorio si dejaba de tener usos judiciales en un determinado plazo. Algo que se hará previsiblemente el mes próximo.

    En este sentido, la concejala socialista ha visto positivo el que se haya dado una solución «con prontitud» a los usos de las antiguas dependencias judiciales, cuyo traslado al nuevo Palacio de Justicia concluyó el pasado mes de agosto. También ha explicado que la ocupación del edificio requiere la realización de obras interiores para ajustar los espacios.

    En el caso de Gijón al Norte, sociedad que gestiona el proyecto de soterramiento de vías ferroviarias más conocido como Plan de Vías, Fernández ha señalado que habrá que llevar el tema del traslado de la sede al Consejo de Administración, para después matizar que ya se había hablado sobre ello con anterioridad. Habría que estudiar asimismo los términos económicos por la ocupación del edificio.

    Unido al Plan de Vías, ha reprochado el compromiso «mínimo» del Ministerio de Fomento, además de recriminar al Gobierno Local que no tenga ninguna actitud de exigencia para reclamar al Estado. Ha señalado, sobre el paso anunciado entre la zona de Laviada y Poniente, que tal vez al final de este mandato sea lo único que vaya a hacerse en este mandato.

    Ha recalcado, también, que el traslado de los empleados de la antigua FEVE que permanecían en la estación del Humedal es imprescindible para la demolición de esta, pero también para la desafectación de los espacios ferroviarios para poder ponerlos a la venta. «Todo va muy lento», se ha quejado.

    REVISIÓN DEL CATÁLOGO URBANÍSTICO

    Por otro lado, la concejala ha advertido que el PSOE hará un seguimiento exhaustivo de la revisión del Catálogo Urbanístico contratada por el Ayuntamiento, al sospechar que Foro busca una rebaja del nivel de protección de algunos inmuebles «sin una justificación solvente».

    Fernández ha remarcado que se han sucedido problemas «serios» de obras en edificios con catalogación integral, que se han llevado a cabo sin que se ajusten al grado de protección del inmueble.

    La explicación dada por la edil de Urbanismo en la Comisión de este día, es que en el Catálogo actual se dio protección integral a determinados inmuebles porque los técnicos no pudieron acceder al interior. No obstante, la propia ficha urbanística contempla que se pueda rebajar de integral a parcial la protección de los mismos si se consigue entrar y comprobar los elementos interiores de los inmuebles.

    Para Fernández, si ya se contempla esta posibilidad, no es necesario contratar la revisión del Catálogo, como tampoco ve una razón el que se hayan dictado siete sentencias en contra de la catalogación de sendos edificios. Ha recalcado que siete sentencias, de las que solo se recurrió por el Ayuntamiento una, de más de 900 elementos del Catálogo, no es motivo suficiente para iniciar una revisión.

    Ha reiterado que seguirán todas las decisiones que adopte el Gobierno Local en torno a este asunto, al tiempo que el PSOE pedirá sus propias valoraciones técnicas. La edil ha visto la necesidad de evitar favorecer operaciones especulativas y ha recordado que el nuevo Catálogo deberá de pasar antes de su aprobación inicial en el Pleno por la Comisión de Urbanismo, además de abrirse un periodo de información pública antes de su ratificación definitiva.

  • España recurre ante el Tribunal de la UE la decisión de Bruselas que le obliga a recuperar ayudas a la TDT

    eurosMADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) – El Gobierno, tres comunidades autónomas y cuatro operadores públicos han recurrido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la decisión de la Comisión Europea que declaraba ilegales las ayudas concedidas en el marco del ‘apagón analógico’ para el despliegue de la Televisión Digital Terrestre (TDT) a regiones remotas.

    Así, fuentes del tribunal han confirmado a Europa Press, que el pasado 30 de agosto se presentó el recurso de anulación presentado por el Gobierno de España, la Comunidad Autónoma del País Vasco, Galicia y Cataluña, así como sendos recursos presentados por los operadores públicos Itelazpi (País Vasco), Retegal (Galicia) y CTTI (Cataluña).

    Posteriormente, el pasado 6 de septiembre, el tribunal ha recibido otro recurso de anulación de la empresa pública Navarra de Servicios y Tecnologías. La Comisión Europea había dado cuatro meses de plazo al Gobierno de España para recuperar las subvenciones que se concedieron a partir de 2005 a operadores de plataformas de televisión digital terrestre para facilitar el despliegue de la TDT en regiones remotas, coincidiendo con el ‘apagón analógico’. El dictamen no afecta a las cadenas de televisión.

    La Comisión entiende que estas ayudas son ilegales porque se destinaron exclusivamente a los operadores terrestres, discriminando a otras tecnologías como el satélite, el cable o Internet, y no fueron notificadas al Ejecutivo comunitario.

    Bruselas reclama a España que recupere alrededor 236 millones de euros en subvenciones concedidas para financiar la transición de la televisión analógica a la televisión digital terrestre en las regiones remotas de España a distintos operadores públicos y privados encargados de llevar la señal de la TDT hasta esas zonas.

    La Comisión decidió que en los casos de las Comunidades Autónomas en las que una empresa pública que actuase en calidad de operador de red llevase a cabo la extensión de la cobertura de la red, tal empresa es considerada beneficiario directo y debe devolver la subvención, aunque si contrataran a un operador de red mediante una licitación, será ese operador privado el que tenga que devolver la ayuda. Abertis y Retevisión fueron los principales beneficiarios de las licitaciones, según el dictamen.

    Aunque en la decisión no se detallan los beneficiarios últimos –los operadores de red que recibieron las ayudas–, sí que se concreta las subvenciones que se concedieron por comunidades autónomas, encabezando el ránking Cataluña (52,3 millones de euros), Castilla y León (37,7 millones), Aragón (20 millones), Galicia (17 millones), Comunidad Valenciana (16,6 millones) y Andalucía (15 millones de euros).

    Le siguen País Vasco (14,7 millones), Asturias (13,7 millones), Extremadura (10 millones), La Rioja (7,9 millones), Cantabria (7,7 millones), Navarra (6,9 millones), Canaria (5,8 millones), Madrid (3,6 millones), Baleares (3,2 millones), Murcia (2,7 millones), Melilla (256.000 euros) y Ceuta (155.786 euros).

    A estas regiones abría que añadir Castilla-La Mancha, que Bruselas no incluye en su dictamen, ya que lo está estudiando a parte, porque además de una posible discriminación tecnológica, existen alegaciones de discriminación contra operadores de plataformas terrestres regionales y locales.

    A RAÍZ DE LA DENUNCIA DE UN OPERADOR DE SATÉLITE

    La investigación de Bruselas se inició a raíz de la denuncia de un operador de plataforma por satélite. El análisis puso de manifiesto que, en efecto, la medida financió exclusivamente la digitalización de la tecnología terrestre, mientras que otras plataformas alternativas, como el satélite, el cable o internet, no pudieron acogerse a esas subvenciones.

    Por ello, el Ejecutivo comunitario ha concluido que la medida española falsea indebidamente la competencia entre los operadores de TDT y operadores que utilicen otras tecnologías. «Los primeros han recibido una ventaja indebida en relación con sus competidores, por lo que deben reembolsar esas subvenciones improcedentes al contribuyente español», ha dicho la Comisión en un comunicado.

    Según señala Bruselas, el principal operador de la red terrestre es Abertis. Asimismo, hay una serie de operadores de telecomunicaciones locales que transportan las señales de TDT y suelen estar interconectados con la red nacional de Abertis. Muchos operadores locales que también recibieron fondos no deberán devolverlos porque no superan el umbral mínimo para ser considerados ayudas públicas por Bruselas