(EUROPA PRESS) – El PSOE es partidario de crear una especie de «caja común», un fondo interterritorial desde el cual el Gobierno de España pueda impulsar políticas educativas para «reequilibrar» posibles diferencias entre comunidades autónomas en materia de educación.
Así consta en el documento «Ganarse el conocimiento», un texto que los socialistas debatirán este sábado en Santander con la participación de su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba. El objetivo es hacer propuestas de política educativa para la Conferencia Política de noviembre, en la que el PSOE quiere definir un nuevo proyecto político para los próximos años, como marco para su próximo programa electoral.
En ese texto, los socialistas admiten que «siguen existiendo diferencias territoriales» pero niega que «se hayan creado 17 sistemas educativos diferentes» y sostiene que la descentralización educativa favorece la participación, y el compromiso social y distribuye responsabilidades. Por eso, apuestan por ampliar la autonomía de centros, entidades locales y comunidades autónomas y reforzar los sistemas de coordinación y cooperación.
Además, el PSOE se marca como meta «apostar decididamente por la financiación en exclusiva de una red pública de enseñanza» y que el modelo de concierto quede «para situaciones complementarias y justificadas en las que lo público no puede extenderse».
Por otro lado, propugna una escuela pública laica donde no quepa «el adoctrinamiento», sino sólo el estudio científico y crítico –«más coherente con la Constitución»–. Con ese fin, el PSOE dice que en su modelo educativo no cabe ninguna enseñanza confesional ni el curriculum ni en el horario escolar, aunque está de acuerdo en que, fuera de ellos, se puedan facilitar espacios para esas enseñanzas, «garantizando así el derecho a la formación moral y religiosa que la Constitución establece para las familias».
CONVIVENCIA LINGÜÍSTICA
En cambio, el documento no incluye propuestas concretas en materia de política lingüística, y subraya que los socialistas defienden «el consenso lingüístico» y la convivencia y no usar las lenguas como arma política.
Parte de que los ciudadanos deben tener derecho a «cualquiera de los idiomas oficiales» y las administraciones «deben asegurar el marco de la convivencia lingüística», creando «políticas de discriminación positiva» para que las lenguas autonómicas estén en igualdad real con el español y haciendo que la regulación lingüística de la enseñanza sea «acorde con la realidad sociolingüística de los territorios».
Por lo demás, el documento es muy crítico con las reformas educativas del Gobierno, propone recuperar la asignatura de Educación para la Ciudadanía y carga contra la publicación de ‘ránkings’ para crear competitividad entre centros.
En opinión del PSOE, esa medida pretende degradar la escuela pública para su «posterior privatización», cuando en realidad las evaluaciones deberían servir para «diagnosticar necesidades» y mejorar la educación. El primer partido de la oposición también insiste en mejorar la formación de los profesores con su idea de una especie de ‘MIR educativo’, siempre en diálogo con los sindicatos.
El texto plantea como reto futuro un «programa educativo para el tiempo» que no suponga alargar el tiempo escolar pero que afronte el hecho de que no todos los padres pueden prestar a sus hijos la misma ayuda en los estudios y eso genera «desigualdad». El PSOE denuncia que los recortes del Gobierno han degradado estos servicios y cree que «para evitar estos despropósitos se debe elaborar un protocolo de control y de mínimos de calidad para estos servicios» y que ningún niño se quede sin las ayudas necesarias.
ATAJAR ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO
Por otro lado, denuncian que las medidas del Gobierno no servirán para detener el abandono escolar temprano, se fijan como objetivo lograr la «universalización» de la educación de cero a tres años y critican la evaluación final de bachillerato.
Otras prioridades son reformar el currículum en pro de la interdisciplinariedad y la participación, especial atención a la escuela rural, en particular en las etapas infantil y primaria; y mejorar la FP, incluyendo un aumento de plazas (hasta 200.000) en la formación de grado medio.
El documento critica también la subida de tasas universitarias y la reducción de becas, reclama recuperar las ayudas a la movilidad (Seneca) y avisa de que cuando mejoren los ingresos tributarios deberá volver a aumentarse la financiación de la educación superior y la investigación.
Eso sí, reconoce que las universidades deben mejorar sus mecanismos de rendición de cuentas y transparencia. Para lograr una mayor eficiencia, apuesta por un estudio para identificar posibles alianzas entre universidades y comunidades autónomas para buscar complementariedad interterritorial.
Para el PSOE, es necesario tener una universidad y una ciencia autónomas y bien financiadas, con un compromiso de destinar a la ciencia un porcentaje mínimo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y modificar la estructura del presupuesto.
También reclaman crear la Agencia Estatal de Investigación, conforme a la Ley de la Ciencia, aprobar un plan de fomento de la cultura empresarial y un pacto de Estado por la innovación y la ciencia. En la misma línea, apuestan por una diplomacia que apoye la internacionalización de las empresas españolas, una especie de ‘Foreign Office’ que promueva el ‘Thought in Spain’ como «marca de país innovador».
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