Managua, 12 ago (dpa) – El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, confirmó hoy que el Parlamento aprobará mañana martes un recorte al presupuesto del Estado para 2018, y culpó de ello al «golpismo terrorista», en alusión a los opositores que protestan contra su Gobierno desde hace cuatro meses.

Hablando en un acto por el 39 aniversario de la Fuerza Naval, Ortega arremetió contra los estudiantes, campesinos y empresarios que han protagonizado protestas desde abril y que exigen su renuncia al cargo o un adelanto de las elecciones de 2021.

«El golpismo terrorista no solamente provocó la pérdida de vidas, que es lo más doloroso, que es lo más trágico (…) sino que también le provocaron un enorme daño a la economía del país”, dijo el gobernante.

Afirmó que hasta el 18 de abril, cuando se iniciaron las protestas disueltas con violencia por la Policía y paramilitares, la economía iba en desarrollo y el país «venía creciendo» con turismo e inversiones.

Pero por «primera vez, como resultado de los golpistas terroristas que apostaron a destruir la economía para derrocar al Gobierno, este año la reforma al presupuesto no va a colocar más recursos sino que va a aplicar un recorte en el gasto», aseveró.

Ortega envió al Parlamento con carácter de urgencia un proyecto de reforma presupuestaria para reducir el gasto público en casi 187 millones de dólares, lo que afectará los fondos destinados a sectores como salud y educación.

«Mañana vamos con esa reforma», señaló el mandatario y líder del gobernante partido Frente Sandinista, que controla más de 60 escaños en el Congreso unicameral de 91 asientos.

Ortega aseguró sin embargo que el recorte no afectará «programas fundamentales» del Gobierno ni la capacidad de servicio de las instituciones del Estado.

Economistas aseguran que la crisis ha provocado pérdidas superiores a los 2.000 millones de dólares en la economía y una reducción de ingresos tributarios por unos 236 millones de dólares.

Según el proyecto a debatir mañana, el sector educación sufrirá una merma de casi 20 millones de dólares, mientras que salud recibirá 25,5 millones de dólares menos. También se reducirán en 23,5 millones de dólares las transferencias a las alcaldías municipales, en su mayoría controladas por el partido de Gobierno.

ONGs de derechos humanos aseguran que durante la crisis han muerto unas 450 personas, en su mayoría jóvenes asesinados por policías y paramilitares, y más de 2.800 resultaron heridas. El Gobierno registra 198 muertes.