Madrid, 1 abr (dpa) – El ecuatoguineano Teodoro Obiang ha supuesto durante su viaje a Europa un quebradero de cabeza para las autoridades de España, con el rey Juan Carlos a la cabeza.
Primero acudió al funeral de Estado del ex presidente del gobierno Adolfo Suárez el lunes por la tarde, en Madrid. Y La Zarzuela y La Moncloa maniobraron para evitar una foto del monarca y del jefe del gobierno, Mariano Rajoy, estrechando la mano del autocrático jefe de Estado africano.
Hoy pronunció una polémica conferencia en el Instituto Cervantes de Bruselas, y desde allí dio las gracias al rey Juan Carlos por haber «influido» para que pudiera hacerlo.
«Quisiera agradecer a Su Majestad el rey, porque yo sé (que) ha influido para que yo también pueda participar en este encuentro cultural», dijo, citado por medios españoles.
La Casa del Rey reaccionó horas después desmintiéndolo.
El rey Juan Carlos «ni ha intervenido ni ha influido» en las invitaciones del Instituto Cervantes de Bruselas ni en las invitaciones al funeral de Estado por Suárez, dijeron fuentes de La Zarzuela. Recordaron además que el gobierno de Rajoy invitó a todas las embajadas presentes en Madrid y fueron sus países los que decidieron qué representación enviaban a la catedral de La Almudena.
Obiang fue el único jefe de Estado extranjero que estuvo presente en el funeral por Suárez, muerto el domingo 23 de marzo.
El saludo preceptivo que le otorgaron los reyes y el jefe del Ejecutivo español se produjo en una antesala a la catedral, lejos de los objetivos de las cámaras de televisión, y no a la puerta del templo, donde sí se saludaron el rey, Rajoy y el hijo mayor del ex presidente Suárez.
Según medios españoles, sí hubo allí fotógrafos oficiales de La Moncloa y La Zarzuela, pero ninguna de las dos instituciones hizo públicas fotos de Obiang.
Teodoro Obiang se hizo con el poder de Guinea Ecuatorial en un golpe de Estado en 1979. En el país, rico en petróleo, la mayoría de la población vive en la pobreza. Aministía Internacional denunció la semana pasada la ejecución de entre cuatro y nueve personas el 31 de enero, las primeras desde 2010 y solo unas semanas antes de que el gobierno anunciara una moratoria de la pena de muerte.