Asunción, 5 abr (EFE).- Cinco campesinos paraguayos en huelga de hambre desde hace 51 días, acusados de tentativa de homicidio por una matanza en 2012 que dejó 17 muertos, fueron trasladados a un hospital militar, donde las autoridades les ofrecieron comida, según dijo hoy a Efe el padre de dos de ellos, Mariano Castro.
Algunos familiares hacen vigilia en la puerta del hospital, ya que los militares no les permitieron entrar a verles, aunque sí pudo ingresar un abogado, según Castro.
«Necesitan tener a un pariente ahí dentro», dijo el padre de los presos Néstor y Adalberto Castro.
Mariano Castro dijo que en el hospital militar ofrecieron comida a los presos, pero estos la rechazaron para no romper su huelga de hambre, con la que reclaman su puesta en libertad y que se resuelva la titularidad de las tierras que dieron lugar al conflicto por el que ocurrió la matanza.
Tres de los detenidos fueron trasladados ayer al hospital militar, mientras que los otros dos llegaron hoy en una ambulancia, debido a su débil estado de salud.
«Ellos ya no podían ni caminar para ir al baño», relató Castro, quien se quejó de que estén en un hospital militar, custodiados por soldados, en lugar de en un hospital civil.
El próximo miércoles tendrá lugar una audiencia tras la que un juez decidirá si acepta o no la petición de la defensa de que se sustituya la prisión preventiva, que cumplen en una cárcel de Asunción, por arresto domiciliario.
Los cinco han entrado en una etapa en la que pueden sufrir daños físicos irreversibles, alertó su abogado, Vicente Morales, quien explicó que el director de la cárcel quería internarlos en un centro médico.
Según Castro, cuatro de ellos están juntos en el hospital militar, mientras que Rubén Villalba está separado en otra sala del recinto.
Villalba ya había estado internado recientemente en el hospital militar tras sufrir una subida de presión, debido a que tiene problemas circulatorios crónicos, aunque después le mandaron de vuelta a la pequeña sala de enfermería del penal de Tacumbú, donde los cinco campesinos pasaban el día tumbados en sus camas.
Los labriegos están acusados de tentativa de homicidio, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno, junto con otros seis campesinos que guardan arresto domiciliario.
Esas personas son los únicas imputadas por la Fiscalía de Paraguay por delitos vinculados con la muerte de once de sus compañeros y familiares y seis policías durante el desalojo de una protesta en una zona rural de la ciudad de Curuguaty, a unos 250 kilómetros al este de Asunción.
La defensa presentó el pasado lunes una petición de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que argumenta que el proceso contra los labriegos «está plagado de irregularidades».
Los abogados alegan, entre otras cosas, que durante la investigación desaparecieron pruebas como casquillos de balas de armas automáticas, que demostrarían, según ellos, que los disparos contra la Policía no procedían de las escopetas de los labriegos.
La defensa pidió a la CIDH la suspensión del juicio, convocado para el 26 de junio, hasta que se determine la titularidad de las tierras en disputa.
Morales indicó que no se les puede acusar de invadir un inmueble si no está claro a quién pertenece.
Los terrenos de Marina Cué, el nombre de la hacienda de Curuguaty donde ocurrió la matanza, y llamado así porque durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) eran usadas por un destacamento de la Marina paraguaya, son disputadas por el Estado y la empresa Campos Morombí en un litigio que dura ya casi una década.
La firma pertenece a la familia del fallecido empresario Blas N. Riquelme, un importante cargo del Partido Colorado, la formación del actual presidente de Paraguay, Horacio Cartes.
Los campesinos invadieron las tierras para forzar su vuelta al Estado y que formaran parte de la reforma agraria.
Una semana después de la masacre, ocurrida en junio de 2012, el Parlamento paraguayo cesó al entonces mandatario, Fernando Lugo, tras un controvertido juicio político y nombró como presidente a Federico Franco, del Partido Liberal, hasta ese momento aliado del Gobierno.