Managua, 11 ago (dpa) – Miles de opositores salieron hoy a las calles en varias ciudades de Nicaragua, en medio del acoso policial y paramilitar, en el inicio de una nueva jornada de protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega, para exigir «el cese de la represión y la liberación de los presos políticos» capturados desde abril pasado.
En Matagalpa, en el norte, una marcha pacífica convocada por la oposición fue atacada a balazos por presuntos paramilitares y al menos dos personas resultaron heridas, informaron medios locales.
El Canal 100% Noticias transmitió imágenes desde la ciudad en las que se podía ver a los manifestantes escapando de los disparos, que según un testigo eran de fusiles AK. El ataque continuó mientras una ambulancia de la Cruz Roja evacuaba a uno de los heridos.
Roberto Largaespada, activista de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH, independiente), aseguró a la televisora que los disparos salieron desde el edificio de la Alcaldía, donde se encuentran paramilitares afines al Gobierno.
Mientras, en la capital, varios miles de personas salieron a las calles ante el llamado de la opositora Alianza Cívica, y participaron en una manifestación pacífica que no pudo llegar hasta la Catedral de Managua, tal y como estaba previsto, pues decenas de antimotines cerraron el paso a los manifestantes.
La esposa de Ortega y vicepresidenta Rosario Murillo convocó a última hora a una contramarcha que salió desde las cercanías de Catedral «para exigir justicia para las 197 víctimas del terrorismo golpista» y puso a disposición cientos de autobuses de transporte público que trasladaron a sus simpatizantes de toda Managua y ciudades vecinas.
Poco antes, policías a bordo de una motocicleta realizaron disparos al aire al pasar frente a la manifestación opositora que acababa de salir del sur de la ciudad. El incidente que no dejó heridos fue grabado por testigos.
«La libertad no se negocia con asesinos», rezaba uno de los cientos de carteles portados por los manifestantes antigubernamentales, que ondeaban banderas azul y blanco. Demandaron además «una lista detallada de desaparecidos» y el desarme de los paramilitares acusados de secuestrar a ciudadanos en todo el país.
«Ellos (el Gobierno) pueden acusarte de lo que ellos quieran, porque tienen el control del poder judicial, de la fiscalía y de la policía, pero todos sabemos que los asesinos están en El Carmen», dijo un manifestante al canal 100% Noticias, en alusión a la residencia de la familia Ortega Murillo.
Ocultando sus rostros con pañuelos azul y blanco o coloridas máscaras, una multitud marchó al grito de «Vivos se los llevaron, vivos los queremos», «Va a caer va a caer, Daniel Ortega va a caer», entre otras consignas.
En León (occidente), miles de personas participaron en una peregrinación por la mañana en respaldo a la Iglesia católica, mediadora en el suspedido diálogo nacional, y otra marcha por la tarde exigiendo también «la libertad de los presos políticos».
Otras marchas opositoras se realizaron hoy en Estelí (norte), Bluefields (este), Camoapa (centro), Rivas, Isla de Ometepe (sur) y otras localidades.
Según datos de la Alianza Cívica, desde abril 137 personas han sido acusadas y procesadas por graves delitos como terrorismo, crimen organizado y secuestro, entre ellos los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, y los dirigentes sociales Irlanda Jerez, Christian Fajardo y María Adilia Peralta.
El disidente Movimiento Renovador Sandinista (MRS) envió hoy una carta a la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, futura Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, en la que reclaman atención a la grave crisis que vive Nicaragua desde hace casi cuatro meses.
«En nuestro país se vive particularmente en los últimos tres meses, una trágica situación como resultado del terrorismo de Estado con el que el Gobierno de Daniel Ortega ha respondido a la rebelión cívica de la población. Las violaciones a los derechos humanos son flagrantes y abundantes», señaló la misiva.
«Tenemos la firme convicción que bajo su liderazgo al frente de esta importantísima instancia de la Organización de las Naciones Unidas, la misma desempeñará un papel decisivo en la defensa de la vida y los derechos humanos en Nicaragua y el mundo», apunta el texto.
Mientras, el Gobierno de Ortega pidió al Parlamento tramitar la emisión de 280 millones de dólares en bonos de la nación para «compensar la caída de ingresos de recaudación», lo que incrementará la deuda pública, según medios locales.
La crisis en Nicaragua comenzó el 18 de abril y ha dejado hasta ahora casi 450 muertos y más de 2.800 heridos, la mayoría manifestantes opositores, según ONGs de derechos humanos, aunque el Gobierno solo reconoce 197 fallecidos.
Por Johnny Cajina (dpa)