Buenos Aires, 20 jul (dpa) – Más de un millón de argentinos consultaron en los últimos días si aparecen entre quienes supuestamente aportaron dinero en efectivo para las campañas electorales de la coalición oficialista Cambiemos de Mauricio Macri, una situación que investiga la Justicia.
«El escándalo por el mecanismo de falsos aportantes para la campaña de Cambiemos llevó a más de un millón de ciudadanos a consultar nuestra aplicación para descubrir si han sido damnificados por esta estafa construida desde el Gobierno», destacó hoy la organización civil «La Alameda», que en su sitio de Internet publicó el listado de personas que aparecen como financiadores del oficialismo.
La Justicia argentina comenzó a investigar el llamado «escándalo de aportes truchos (falsos)» que detectó un trabajo realizado por el periodista Juan Amorín para el portal de noticias «El Destape».
Según la labor del cronista, al menos unas 850 personas figuraron como financiadores de las últimas dos campañas electorales de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, pero negaron haberlo hecho.
La mayoría de las personas cuyos nombres estaban en las nóminas de aportantes a la campaña política del oficialismo para la elección presidencial de 2015, que llevó a Macri como candidato, y legislativa de 2017 habitan en villas (favelas) de los suburbios de la capital argentina y son beneficiarios de programas sociales que les permiten mejorar su situación económica.
Además de ellas, distintos dirigentes de Cambiemos, entre ellos el alcalde de la ciudad de Mar del Plata, Carlos Arroyo, y el ex ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires Darío Lopérfido, también figuran en los listados pese a que dijeron no haberlo hecho.
«No aporté esos 30.000 pesos (unos 1.000 dólares) y mucho menos en efectivo. Recordaría perfectamente haber puesto esa suma porque tendría que haber llevado ese dinero en efectivo», dijo Lopérfido, que fue representante cultural argentino en Alemania hasta marzo último, al portal «Chequeado».
Macri debió responder el miércoles, durante una conferencia de prensa, acerca de la denuncia que involucra a Cambiemos. «Tengamos un poco de paciencia y tiempo. El juez (federal Sebastián) Casanello está actuando, investigará y sabremos todos de qué se trata», expresó el mandatario.
El caso también rozó a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, una de las dirigentes más importantes de Cambiemos, que también el miércoles decidió despedir a la contadora general del distrito, Fernanda Inza, que había estado a cargo «del equipo de rendición (de gastos) de la campaña» electoral, dijo.
En medio del escándalo, el Gobierno argentino decidió presentar en el Parlamento un proyecto de ley para modificar la forma en que se financian las campañas políticas.
Argentina comenzará a transitar en seis meses una nueva campaña electoral de cara a los comicios presidenciales de octubre de 2019, en los que Macri podría aspirar a un nuevo mandato de cuatro años.
Al respecto, las organizaciones Poder Ciudadano y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) pidieron al Gobierno que promueva una reforma del financiamiento de las campañas y los partidos políticos.
Entre otras medidas, las ONG solicitaron que en la nueva normativa se exija un registro de los montos utilizados, como también el origen, trayectoria y el destino de los mismos.
Además, plantearon que se prohíban los aportes en efectivo y mediante depósito bancario, y que sólo puedan formularse por medio de sistemas que permitan detectar el recorrido del dinero.