Managua, 22 abr (dpa) – Tiendas y comercios destruidos y saqueados, calles polvosas bloqueadas por barricadas de piedras y estaciones de gasolina atiborradas de vehículos era el panorama de hoy en la capital de Nicaragua, en el sexto día de protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega.
«Llevo más de una hora en esta fila y ahora dicen que van a cerrar porque ya se les acabaron los productos», se queja una mujer que espera ingresar a un supermercado en la zona de Plaza España, en un transitado sector de Managua.
Junto a las puertas de vidrio, al menos 15 policías custodian el acceso al centro de compras ante el peligro de que una «turba», como le llaman a los grupos de saqueadores, irrumpa en el lugar, según comenta uno de los impacientes compradores.
Largas filas de personas con rostros de angustia y temor se han formado también frente a edificios bancarios y a cajeros automáticos en las gasolineras, las que amanecieron repletas de conductores desesperados por comprar combustible antes que se agote la reserva.
En barrios populosos de Managua, como la colonia Rafaela Herrera o el reparto Shick, las calles han quedado alfombradas de piedras, como un feroz campo de batalla, por los enfrentamientos de las últimas horas entre manifestantes y policías antimotines.
A falta de policías, el Ejército movilizó en Managua este domingo soldados con fusiles y cascos de guerra, tras supuestas amenazas de ataque al hospital «Solidaridad», entidad del Seguro Social en el sector oriental capitalino, según imágenes transmitidas por el oficialista canal 4 de televisión.
Las protestas iniciaron el martes pasado en una universidad de Managua en contra de una reforma que busca aumentar hasta en 22,5 por ciento las cuotas de 700.000 trabajadores y de empresarios al Seguro Social, además de aplicar un impuesto del 5 por ciento a las pensiones de miles de jubilados.
Si bien las primeras movilizaciones fueron protagonizadas por jóvenes, la violenta acción policial contra los manifestantes sumó a su causa a cientos de pobladores de Managua y de al menos 14 ciudades del interior donde siguen ocurriendo disturbios.
«Esa reforma fue la chispa que encendió todo este polvorín… ahora lo que la gente quiere es botar a Ortega», dice Rafael Padilla, un mecánico que se quedó sin clientela hace cinco días y sobrevive vendiendo agua a los sedientos policías que pasan frente a su taller.
Sobre los saqueos, Padilla cree que no son obra de los manifestantes, en su mayoría universitarios, sino de «grupos de pandilleros que manda el Gobierno para culpar a los chavalos (jóvenes)». Uno y otro sector se acusan mutuamente por el caos.
En sus casi 20 radios y televisoras, el Gobierno acusa a «delincuentes de la derecha» por la tensa situación en Managua, centro político y principal ciudad, con 1,6 millones de habitantes. Las protestas han dejado al menos 10 muertos según el Gobierno y más de 30 según medios de prensa independientes.
«Son criminales que quieren desestabilizar al país y ahuyentar el turismo», dijo el presidente Ortega en su único discurso el sábado, cuando accedió a dialogar con la empresa privada para revisar la polémica reforma, sin desmovilizar a la Policía ni al Ejército.
Pero el sector privado cerró filas a favor de los que protestan y condicionó cualquier diálogo al cese de la represión y el restablecimiento de plenas garantías de movilización en el país.
Por Gabriela Selser (dpa)