El gobierno de Asturias ha dado luz verde a la renovación del convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial para garantizar la continuidad, hasta mayo de 2019, de un proyecto de intervención para la inserción social de drogodependientes con problemas jurídico-penales.
Este programa, que se desarrolla desde 2004, favorece una actuación integral, mediante estrategias sociales, sanitarias y psicológicas, dirigida a personas con problemas de consumo de drogas. La primera intervención se produce en los calabozos de los juzgados de Oviedo para, posteriormente, realizar un seguimiento personalizado de los afectados y sus familias. Al mismo tiempo, se presta asesoramiento en materia de drogodependencias a jueces, fiscales y forenses y se llevan a cabo informes periciales a petición de los juzgados.
La Asociación Servicio Interdisciplinar de Atención a las Drogodependencias (SIAD) se encarga del desarrollo de la iniciativa, un programa de buenas prácticas a nivel europeo, con un equipo de cinco personas. En concreto, se presta asistencia en nueve juzgados de Instrucción de Oviedo y Gijón, siete juzgados de lo Penal de Oviedo y Gijón, dos juzgados de Violencia sobre la Mujer de Gijón y Oviedo, tres salas de lo Penal de la Audiencia Provincial y un juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
El pasado año, los profesionales del SIAD ofrecieron información a 556 personas en los calabozos de los juzgados y realizaron 2.071 entrevistas personales en sus oficinas. Además, los técnicos elaboraron cerca de 800 informes periciales de toxicomanías a petición de los órganos judiciales, practicaron casi 2.000 análisis toxicológicos y asistieron a unos 70 juicios.