Madrid, 23 jul (EFE).- Las pruebas para determinar si un menor inmigrante que llega a España no acompañado no ha alcanzado la mayoría de edad no se realizarán de forma indiscriminada ni se abusará de ellas y solo se realizarán con el consentimiento del afectado.
De este modo figura en el protocolo de Menores Extranjeros no Acompañados (Menas) que ayer firmaron los ministerios de Justicia, Interior, Sanidad, Empleo y Exteriores, al que ha tenido acceso Efe.
Un protocolo consensuado con las comunidades autónomas con el que se ha pretendido establecer con claridad cómo, cuándo y quién debe actuar una vez localizado el menor y fijar todos los criterios, toda vez que son muchas las instituciones y organismos implicados en el proceso.
Con esta nueva regulación, se deja claro que la decisión de la práctica de las pruebas médicas para eliminar las dudas sobre la mayoría o minoría de edad del extranjero indocumentado es exclusiva del Ministerio Fiscal, que la adoptará mediante acuerdo.
El protocolo también determina que esas pruebas (prueba radiológica del carpo izquierdo de la muñeca, examen de la dentición o radiografía de la clavícula) se regirán por el principio de celeridad, «exigiendo el previo consentimiento del afectado y un control médico-sanitario especializado», y se llevarán a cabo «con respeto a la dignidad de la persona».
No se autorizarán pruebas médicas que repitan otras ya practicadas ni nuevas que supongan un riesgo para la salud del menor a la vista de las dosis de radiación.
Si el menor no presta su consentimiento ante los agentes de la Policía, será llevado ante el Fiscal, que tras tomarle declaración y teniendo en cuenta todas las circunstancias de su expediente, determinará si se trata de un mayor de edad.
No obstante, si hay indicadores de que el extranjero pudiera ser víctima de trata de seres humanos, prevalecerá la presunción de minoría de edad y se adoptarán medidas de protección inmediatas, según figura en el protocolo.
Además, el texto establece que los traslados a los centros hospitalarios donde se realicen las pruebas de la forma que menos perjudique al menor, con «respeto de sus garantías y sus derechos», y que se haga en vehículos sin distintivos policiales y con personal no uniformados.
Por otro lado, el protocolo dispone que los pasaportes y documentación oficial emitida por las autoridades de los países de origen serán títulos válidos a efectos de acreditación de la minoría de edad.
No será así si esos documentos presentan signos de falsificación o se aprecie que han sido enmendados; si incorporan datos contradictorios con otros documentos públicos emitidos por el país de origen del extranjero o con los que pueda disponer la autoridad española competente; o si es patente la falta de correspondencia entre los datos que aparecen y la apariencia física del afectado.
La redacción del protocolo ha sido laboriosa toda vez que ha tenido que contar con el acuerdo de muchos departamentos e instituciones, en un debate que ha redundado en un texto garantista para el menor.
