Madrid, 19 mar (dpa) – Los jueces españoles se resisten a archivar casos de delitos de lesa humanidad, como el genocidio en Ruanda, el ataque al campo de refugiados iraníes de Ashraf o el asesinato del diplomático español Carmelo Soria durante la dictadura chilena.

Tras la entrada en vigor en España de la reforma que limita la aplicación del principio de Justicia Universal, decidieron no archivarlos de forma automática, como exige la nueva ley, causando el enfado del gobernante Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy.

«Los jueces están sujetos al principio de legalidad. La esencia de un juez es que cumple, hace cumplir y aplica las leyes», expresó el martes Alfonso Alonso, portavoz del PP en el Parlamento español.

Los seis jueces centrales que instruyen estos casos en la Audiencia Nacional preguntaron en los últimos días a las partes personadas y a la fiscalía sobre los efectos de la nueva normativa en las causas que tramitan sus juzgados.

Hoy, el juez Fernando Andreu dio un paso más al plantear si cabe una cuestión de inconstitucionalidad sobre la reforma legal.

«La papeleta que tienen ahora sobre la mesa los jueces es aplicar por primera vez una ley que no tiene precedentes y cuenta con aspectos jurídicamente dudosos», explicó a dpa Joaquim Bosch, portavoz de la organización Jueces para la Democracia.

«Una norma debe ser aplicada por los magistrados competentes. Es en ese ámbito donde deben resolverse posibles conflictos y, si alguna resolución de un juez quiere ser discutida, para ello están los recursos correspondientes. Lo que no es admisible es que desde el poder político se descalifique y ataque a los jueces», dijo.

Tres días después la entrada en vigor de la nueva norma, el juez Santiago Pedraz decidió no archivar el caso de un camarógrafo español muerto en Irak en 2003 a manos del ejército de Estados Unidos.

Aunque la reforma decreta el sobreseimiento de las causas relacionadas con la Justicia Universal de forma retroactiva, el magistrado consideró que un tratado internacional, la IV Convención de Ginebra, prevalecía en esta causa al obligar a perseguir los delitos contra las personas en conflictos armados.

Otros jueces como Pablo Ruz o Eloy Velasco se dirigieron a las partes personadas y a la fiscalía para cuestionar la aplicación de la nueva norma antes de dar carpetazo a los casos que instruyen sus juzgados.

El ex juez Baltasar Garzón, quien investigó los crímenes de la dictadura chilena y la argentina, animó a los magistrados a plantarse ante la nueva norma y advirtió de que ésta «potencia la impunidad» de países con intereses políticos y económicos.

La crisis diplomática entre China y España aceleró la tramitación de la reforma por parte del gobierno, a raíz de la causa abierta por la Justicia española contra el ex presidente chino Jiang Zemin y otros cuatro ex altos funcionarios del régimen comunista por genocidio en el Tíbet en los años 80 y 90.

«Es indiscutible que ha habido presiones de los países más poderosos del mundo para que se acabe con estas investigaciones judiciales», señaló Bosch.

«Es muy criticable que un gobierno se pliegue a estas presiones y haga un trueque entre intereses comerciales y derechos humanos, pero las presiones no pueden llegar a los jueces. Éstos son independientes, no están vinculados a intereses políticos y su única finalidad es proteger los derechos de acuerdo al ordenamiento jurídico», argumentó.

Con la nueva norma, la Justicia española solo puede investigar los crímenes de lesa humanidad cuando los responsables son españoles o extranjeros residentes en España o cuya extradición se haya denegado. Las víctimas deben también ser españolas y no pueden haberse nacionalizado tras haber sufrido los hechos a perseguir.

Por Ana Lázaro Verde