(dpa) – México pidió hoy junto con una decena de países latinoamericanos un mayor debate «político y jurídico» en el seno de los organismos regionales como la OEA y la CIDH que promueva la completa abolición en el hemisferio occidental de una práctica «medieval» como es la pena de muerte.
Junto con Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Honduras, Panamá, Paraguay, Repúlica Dominicana, Uruguay y Francia como país observador de la Organización de Estados Americanos (OEA), México participó este martes en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dedicada específicamente a este tema.
En ella, todas las naciones que habían solicitado la reunión reclamaron el fin de una práctica «medieval» y que es, sostuvieron, «violatoria del derecho a la vida».
«El objetivo que perseguimos es fortalecer el debate jurídico y político sobre la pena de muerte», explicó el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exterirores mexicana, Max Dinger.
Varios embajadores ante la OEA también tomaron la palabra para presionar para que se instale un debate «permanente» sobre el tema en los organismos regionales no sólo de derechos humanos como la CIDH, sino también políticos como la Organización de Estados Americanos.
Sin embargo, resulta poco probable que se cumpla su deseo de que el tema sea debatido al máximo nivel del organismo, en una Asamblea General, para que redunde en una declaración, en vista de que la pena de muerte está aún vigente -aunque no siempre siga siendo practicada- en varios países de la región: Barbados, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Granada, Jamaica, Bahamas y Trinidad y Tobago.
Aunque la audiencia de este martes había sido convocada sin alusiones específicas a países, la sombra de Estados Unidos planeó sobre todo el encuentro, más que nada porque es el único país de la región que el año pasado practicó ejecuciones.
Estados Unidos «es uno de los máximos ejecutores del mundo», subrayó hoy la directora ejecutiva adjunta de Amnistía Internacional, Margaret Huang, quien reclamó una «moratoria inmediata» en todos los miembros de la OEA que aún mantienen la pena capital y la conmutación de estas sentencias a condenas de cárcel.
Según los cálculos de AI, que esta misma semana presentará un informe sobre la pena de muerte a nivel mundial, pese a que el año pasado se registró en Estados Unidos un 10 de descenso en las ejecuciones, éstas sumaron un total de 39 en nueve estados del país.
Texas tiene el dudoso honor de encabezar la lista, al haber llevado a cabo el 41 por ciento de las ejecuciones totales del país.
El sureño estado norteamericano estuvo muy presente en la sesión de este martes de la CIDH, donde el representante alterno ante la OEA de Argentina, Julio Ayala, denunció el «terrible» caso de Víctor Saldaño, el único argentino en el mundo condenado a muerte y que lleva 18 años en el corredor de la muerte en Texas.
Este estado norteamericano se apresta además a volver a centrar la atención de los opositores a la pena de muerte, ya que para el 9 de abril ha fijado la ejecución de Ramiro Hernández. Él es uno de los mexicanos incluidos en el «fallo Avena» por el que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya ordenó a Estados Unidos revisar medio centenar de condenas a muerte de mexicanos al considerar probado que se violó su derecho a asistencia consular.
El caso provoca especial preocupación puesto que, de llevarse a cabo la ejecución, como así parece, sería la segunda vez desde comienzos de año que Texas ignora los llamamientos internacionales y hasta del propio gobierno federal estadounidense de detener una ejecución que viola un fallo jurídico internacional.
En enero, Texas llevó a término la condena a muerte del también mexicano protegido por el «fallo Avena» Edgar Tamayo Arias, desoyendo los llamamientos de su defensa, de organismos como la propia CIDH y de los gobiernos mexicano y estadounidense.
Al respecto, Dinger dijo hoy que el gobierno de Enrique Peña Nieto está en estos mismos momentos presentando «recursos» tanto ante la Corte Suprema estadounidense como ante otros tribuanles menores «para tratar de lograr que en última instancia se pueda conmutar esta pena o simple y sencillamente aplazar» la ejecución.
Un esfuerzo que México además quiere reorientar a nivel regional provocando, como hizo hoy junto a los demás países, un debate multinacional.
«El gobierno mexicano condena firmemente la pena capital y hará todos los esfuerzos a su alcance para que los Estados miembros de la OEA converjan hacia una posición donde se elimine la pena de muerte y se cambie por otras penas que tengan una congruencia con los tratados internacionales y con el derecho internacional», sostuvo.
«No creemos en una justicia que mata, en una justicia de verdugo, de suplicio, una justicia que mata es injusta e ineficaz», sentenció el observador permanente de Francia, Jean Claude Nolla, quien pidió «voluntad y coraje» a sus colegas americanos para acabar con la pena de muerte.
Pese a lo difícil de un objetivo que se ha resistido durante décadas, el argentino Araya aseguró sentirse optimista.
«Del mismo modo que la tolerancia a la esclavitud, la tortura y la discriminación racial han sido erradicadas, estamos seguros de que vamos a ser testigos de la abolición de la pena de muerte como el siguiente gran paso en el derrotero de los derechos humanos», dijo.
Por Silvia Ayuso
