Buenos Aires, 13 ago (dpa) – La ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner negó hoy haber recibido sobornos de empresarios, dijo ser víctima de «persecución judicial» y pidió que su sucesor, Mauricio Macri, declare en un escándalo de supuesta corrupción que día a día cobra mayores dimensiones.

Fernández de Kirchner, además, solicitó la nulidad del caso y que el juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli, al frente de la investigación, sean recusados, indicaron fuentes judiciales.

La ex presidenta (2007-2015) y actual senadora de la agrupación opositora peronista Unidad Ciudadana se defendió por escrito en los tribunales federales de Buenos Aires, a los que acudió a declarar por los «cuadernos de la corrupción» que revelaron una supuesta trama de pago de sobornos de empresarios a funcionarios kirchneristas entre 2005 y 2015.

Allí estuvo durante más de una hora y media y no aceptó responder las preguntas del juez y el fiscal. «Ni ‘buen día’ dijo», comentó Stornelli a la prensa.

En su presentación, Kirchner consideró a Bonadio «un juez enemigo» que, al igual que Stornelli, fue «elegido a dedo» para «armar una nueva causa» en su contra y «sacarla a la luz cuando las circunstancias políticas resultaran apropiadas».

«Habré de efectuar una síntesis sobre los pormenores de la persecución judicial a la que me encuentro sometida desde el 10 de diciembre de 2015», afirmó en referencia al día que comenzó el Gobierno de Macri.

Acerca de la sospecha de que habría integrado una asociación ilícita junto a su esposo, el fallecido ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), sostuvo que podría recurrir a organismos internacionales de derechos humanos.

Nueve ex funcionarios kirchneristas y siete empresarios fueron arrestados desde que el 1 de agosto el diario «La Nación» publicó una investigación acerca de presuntos pagos ilegales al poder durante las presidencias de Kirchner y Fernández.

Este lunes se presentó en la Justicia y fue arrestado el ex director del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti, en tanto que la Policía revisó apartamentos situados en el mismo edificio donde habita Fernández de Kirchner, en Buenos Aires.

La inspección no alcanzó a la vivienda de la ex mandataria pero sí a apartamentos del mismo edificio del barrio de Recoleta que según el diario «La Nación», que dilucidó el supuesto escándalo de sobornos, están a nombre de un hermano de un empresario vinculado a los Kirchner años atrás y que está detenido en otra causa por presunta corrupción.

La Justicia investiga si Kirchner y Fernández lideraron una supuesta asociación ilícita que cobraba sobornos a cambio de otorgar contratos de obras públicas, precisó Stornelli.

La investigación se basa en los ocho cuadernos escritos entre 2005 y 2015 por Oscar Centeno, el chofer del ex «número dos» de Planificación Federal Roberto Baratta, uno de los detenidos. En ellos el chofer describió el presunto pago de fondos de empresarios a funcionarios y detalló que el dinero era entregado en bolsos y llevado a la residencia presidencial oficial, la vivienda particular de los Kirchner u oficinas oficiales.

Uno de los empresarios que dio su testimonio en el caso fue Angelo Calcaterra, primo de Macri, que admitió la entrega de dinero al kirchnerismo como supuestos aportes a campañas electorales.

Al respecto, Kirchner pidió que Macri sea citado a declarar en el caso para que «indique si ha tenido algún tipo de participación en las supuestas tratativas que precedieron a la incorporación de Calcaterra» a la investigación, en la que fue beneficiado con la figura legal de «imputado colaborador», lo que le permitió estar libre por el momento. Lo mismo requirió para Daniel Angelici, presidente del club Boca Juniors, amigo de Macri y que tendría vínculos con la Justicia.

La difusión de la causa, dijo Kirchner, coincide con «la caída abrupta de la imagen del Gobierno» de Macri y «el agravamiento de los problemas económicos», entre otras complicaciones.

Por Gabriel Tuñez (dpa)