Alcalá de Henares, 21 feb (EFE).- Jueces para la Democracia (JpD) ha pedido hoy la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por los «recortes» que sus reformas suponen para las libertades públicas y los derechos fundamentales.

La asociación ha hecho esta petición tras la reunión de su comité permanente, formado por sesenta magistrados, que ha analizado proyectos del Gobierno como la Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma penal o la Ley del Aborto.

Jueces para la Democracia considera que no existe «ninguna necesidad» de acometer cambios en la Ley de Seguridad Ciudadana o el Código Penal, atendiendo a las estadísticas que miden la delincuencia y la percepción de seguridad de los ciudadanos.

«En los últimos tiempos, se han producido más manifestaciones y protestas casi que en toda la etapa democrática y, sin embargo, las perturbaciones violentas han sido prácticamente irrelevantes», ha indicado en rueda de prensa el portavoz de la asociación, Joaquim Bosch.

Jueces para la Democracia opina que el Gobierno quiere «restringir el derecho de manifestación y la libertad de expresión».

La asociación ve «tremendamente criticable» el incremento de las penas para conductas de desórdenes públicos que se realizan en el ámbito de una manifestación o una reunión, que pueden tener ahora el castigo «desproporcionado» de seis años de cárcel.

«Se produce un efecto de intimidación para que las personas duden a la hora de acudir a una manifestación, porque pueden acabar en prisión si suceden imprevistos, o porque se les pueda poner una sanción de hasta 600.000 euros», como prevé la Ley de Seguridad Ciudadana, ha señalado Bosch.

Además, según Jueces para la Democracia, la reforma aumenta el castigo para conductas de «poca relevancia social», como ocupar pacíficamente entidades privadas.

«Está claro que es una referencia a las acciones de Stop Desahucios y otros colectivos que hacen protestas en el interior de los bancos, y que ahora se castigarán con penas de prisión», ha destacado el portavoz de la asociación.

JpD cree que el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, bautizado por algunos colectivos como «ley mordaza», complementa algunos cambios introducidos en el Código Penal.

El hecho de que la nueva normativa vaya a permitir la detención de un ciudadano por la Policía por infracciones administrativas y no por conductas constitutivas de delito es «groseramente inconstitucional», desde el punto de vista de la asociación.

En relación a la reforma de la Ley del Aborto, JpD ve «inadmisible» que el Gobierno quiera trasladar algunos planteamientos religiosos, que recortan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, a la legislación estatal.

La Ley del Aborto, a juicio de la asociación, provocará «importantes desigualdades sociales», por el hecho de que algunas mujeres podrán financiarse una interrupción del embarazo en el extranjero y otras recurrirán a «redes clandestinas».