En ocasiones nos vemos obligados a iniciar un proceso de incapacidad judicial para familiares o personas dependientes que no están capacitadas para tomar sus propias decisiones, generalmente por algún tipo de enfermedad o trastorno mental. Para ello es necesario iniciar un proceso judicial, pero antes es importante informarse sobre qué es y qué requisitos deben darse para poder recibir una respuesta afirmativa al respecto.
¿Qué es la incapacidad judicial?
La incapacitación judicial es una figura legal y un cauce jurídico que se puede utilizar en casos en los que, por enfermedades o deficiencias de carácter físico o mental, una persona no pueda gobernarse por sí misma. Tiene por objeto la protección de los intereses y derechos de la persona afectada o incapacitada, tanto a nivel personal como a nivel patrimonial.
Para conseguir una incapacidad judicial hay que iniciar un proceso judicial para el que se recomienda contratar los servicios de un abogado, como los que puedes encontrar en www.reclamayrecupera.com, para iniciar la solicitud y conseguir una respuesta judicial de la forma más rápida posible. Es un proceso que puede ser iniciado por cónyuges, parejas, hermanos, descendientes o ascendientes de la persona afectada.
¿Qué requisitos se debe reunir para solicitarla?
El procedimiento de incapacitación judicial puede iniciarlo una persona en cualquier momento, aunque también existen casos en los que el Fiscal actúa de oficio cuando tiene conocimiento de que existe una persona en una situación de vulnerabilidad por enfermedad o deficiencias de carácter físico o mental.
Los requisitos para solicitar una incapacitación judicial están regulados en el Código Civil. En el artículo 199 y siguientes del Código Civil se recoge que las causas de incapacitación judicial de una persona deben ser deficiencias o enfermedades que tengan un carácter persistente en el tiempo y que imposibiliten a la persona afectada a gobernarse por sí misma y tomar sus propias decisiones.
Hay que tener claro que no es lo mismo la capacidad jurídica que la capacidad de obrar. Esto se especifica en el artículo 30 del Código Civil, donde se estipula que la capacidad jurídica es algo que se adquiere con el nacimiento de una persona y que consiste en la aptitud de poseer la titularidad de derechos y obligaciones. Sin embargo, la capacidad de obrar es diferente y se considera como la aptitud para ejercer dichos derechos y obligaciones, algo que no es igual para todo el mundo.
Los requisitos necesarios para conseguir una declaración de incapacitación judicial son fundamentalmente tres, y son los siguientes:
- Padecer una enfermedad o deficiencia a nivel físico o psíquico que perjudique la personalidad, la voluntad y la capacidad de tomar decisiones de una persona de tal forma que la inhabilite para ejercer los derechos civiles y demás consecuencias.
- Que dicha enfermedad o deficiencia tenga carácter permanente y sea persistente a lo largo del tiempo, es decir, que no se trate de algo transitorio o temporal.
- Incapacidad o deficiencia en el autogobierno de la persona afectada, es decir, debe afectar al incapaz tanto a la voluntad de tomar decisiones como al discernimiento o capacidad para evaluar situaciones o hechos.
¿Qué enfermedades o disfunciones suelen causar incapacidad judicial?
La incapacitación judicial suele darse a lo largo de la vida de cualquier persona ante la aparición de una enfermedad o disfunción permanente. Puede ocurrir en la adolescencia al detectar una enfermedad mental como la esquizofrenia o trastorno bipolar, o en personas de edad avanzada que han desarrollado enfermedades como el párkinson o el alzhéimer.
La incapacitación judicial también se da en casos de autismo, deterioro cognitivo causado por la edad, demencia senil o en personas que han padecido drogadicción o alcoholismo y que les ha originado secuelas mentales. En cualquier caso y sea cual sea la afección o enfermedad que motiva la solicitud de incapacidad mental es necesario acompañar la demanda de todos aquellos documentos que acrediten dicha enfermedad, proceso conocido como dictamen pericial.
Este proceso puede concluir dándole a la persona que ha presentado la solicitud la tutoría y representatividad legal de la persona incapacitada, pero también puede verse denegada en función de lo que el juzgado estime oportuno. Sea cual sea el caso lo mejor es encontrar el asesoramiento y la ayuda de abogados expertos que te acompañen durante todo el proceso hasta la resolución del mismo.