MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) – El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha enviado este miércoles un escrito a la Unión Europea en el que estima que el importe máximo de ayudas concedidas que se derivan de los expedientes administrativos de las ayudas autorizadas asociadas al régimen del ‘tax lease’ asciende a 126 millones de euros, informaron a Europa Press en fuentes del gabinete dirigido por Cristóbal Montoro.
Esta cifra se trata de una cuantía teórica, basada en una autorización inicial, que ha considerado que todas las estructuras fiscales se han completado. Según dichas fuentes, será necesario analizar, «caso por caso», el beneficio fiscal realmente obtenido. Para ello es necesario disponer de datos adicionales sobre la realidad de cada operación así como sobre su ritmo de ejecución.
Hacienda remitió este miércoles a Bruselas este escrito en cumplimiento de la decisión adoptada por la Comisión Europea el pasado mes de julio en la que se solicitaba a España información sobre las ayudas por el ‘tax lease’. Mediante tal decisión, el Gobierno español está obligado a proceder a la recuperación de las ayudas consideradas de Estado y concedidas entre el 30 de junio de 2007 y el 29 de junio de 2011.
Ya este martes el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, señaló que el importe a devolver estaría «muy lejos de las cuantías inicialmente barajadas, de unos 2.000 millones».
A principios de septiembre, el Ejecutivo acordó de forma «consensuada» con las comunidades autónomas afectadas, las empresas y los sindicatos del sector naval la presentación de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la decisión de la Comisión Europea acerca de la devolución de los ‘tax lease’, que deberá ser presentado antes del 28 de septiembre.
Además, el Gobierno coincidió con todos los afectados en la necesidad de pasar página acerca de las devoluciones, y les presentó un paquete de medidas centradas en la facilitación del crédito.
A mediados del pasado mes de julio, la Comisión Europea solicitó a España que recuperase las ayudas ilegales concedidas a los astilleros mediante el sistema de bonificaciones fiscales del ‘tax lease’ entre 2007 y 2011.
Las subvenciones debían ser devueltas por los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios astilleros.