Mérida, 6 feb (EFE).- El Gobierno de Extremadura estudia impugnar ante el Constitucional la sentencia del Tribunal Supremo que declara la ilegalidad del complejo turístico «Marina Isla de Valdecañas» con el fin de agotar todas las vías de impugnación que el ordenamiento jurídico ofrece, y defiende la legalidad del complejo.

La base de la impugnación es, según ha informado la Junta en un comunicado, la vulneración del principio de legalidad consagrado en el artículo 9.1 de la Constitución Española.

El proyecto de Valdecañas, tras las modificaciones de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura tanto en 2010 como en 2011, es un proyecto «legal», según el Gobierno extremeño, ya que esta reforma ampara las actuaciones anteriormente realizadas y las legaliza, lo que «obvia» el Tribunal Supremo, advierte la Junta.

El Gobierno de Extremadura está analizando las diferentes sentencias del Tribunal Supremo en las que la innovación del procedimiento como causa de imposibilidad legal en casos similares a los de Valdecañas, se debe al hecho de que con la modificación, el objeto de la «litis» -la obra, la construcción o actuación discutida- ha pasado a ser legal.

Por lo tanto, de ejecutarse la sentencia en sus estrictos términos, resultaría contrario al ordenamiento vigente, con lo que se vulneraría el principio de legalidad de la Constitución.

El Ejecutivo extremeño informa de que la Ley del Suelo de Extremadura se modificó con el apoyo unánime de la Cámara regional.

Con esta medida, el Gobierno de Extremadura pretende evitar la posible quiebra del principio de legalidad que dicha sentencia pudiera ocasionar así como defender los intereses económicos y sociales de Extremadura.