El nuevo sistema de cálculo del Producto Interior Bruto (PIB) de los países europeos, el llamado SEC 2010 permite a los estados incluir algunas actividades no reguladas como las de las escorts. España la incluyó como generadora de riqueza en el pasado año 2016 lo que ha reavivado el debate sobre la regulación de estas y otras actividades aún no contempladas por Hacienda.

En el cálculo del PIB español de 2016 se estimó que el sector de las escorts movió un total de 3.800 millones de euros, que supone un 0.35% del total del Producto Interior Bruto del país. Esta actividad fue despenalizada en 1941, sin embargo no existe una regulación del sector que se encuentra en un ámbito de alegalidad desde hace décadas.

Sin embargo, y según revelan los datos de Hacienda, es un sector que mueve una gran cantidad de dinero. La actividad de escorts tiene una demanda notable y es que un estudio de la Encuesta Nacional de Salud Sexual revela que un 32% de los hombres españoles han recurrido a este tipo de servicios en alguna ocasión mediante empresas como Escortsfactory, frente al 0,3% de las mujeres.

¿Regularizar o no?

Los diferentes partidos políticos del país se han posicionado tímidamente en diferentes opiniones: Ciudadanos propuso su regulación, tras la cual estiman un ingreso de 5.000 millones de euros anuales a las arcas públicas; por otro lado, durante el gobierno de Rodríguez Zapatero se rechazó la propuesta de legalización de la actividad de las escorts o “chicas de compañía”.

Otros países europeos, en cambio, incluyen este tipo de actividades en su cálculo de riqueza propia. En Gran Bretaña aportaron unos 8.000 millones de euros en el año 2014. En Holanda, donde la actividad de prostitución y escorts está totalmente legalizada se mantienen confidenciales los datos del capital que aportan anualmente estas actividades a las arcas públicas del país.

Uno de los principales pasos para la regulación de la actividad de las escorts es regular el mercado, dando de alta en la Seguridad Social este tipo de trabajos y obligando tanto a empresarios como trabajadores (en su mayoría mujeres) a cotizar en un régimen normal al sistema nacional. Entre los beneficios de la regularización de esta actividad se encontraría en primer término la aportación de parte de los beneficios del negocio al erario público que, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) supondría un aumento de entre el 2,7 y el 4,5% del Producto Interior Bruto, aproximadamente unos 27.000 o 45.000 euros anuales.