El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo registrado el pasado lunes por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular y presidenta del PP asturiano, Teresa Mallada, junto a varios diputados del PP y representantes de sectores de la hostelería, el comercio y agencias de viaje; para pedir la nulidad de los cierres de actividad económica decretados por el Gobierno del Principado en las resoluciones del 3 y 18 de noviembre del 2020.
Mallada muestra su satisfacción por la admisión a trámite del recurso, que ve como “un paso adelante para frenar la arbitrariedad” en la toma de decisiones por parte del Gobierno de Adrián Barbón respecto a los cierres de actividad económica.
Cierres que han llegado siempre “sin informes técnicos justificativos”, recuerda, y “sin escuchar a los sectores”, a los que ha generado “un grave perjuicio” dejándolos “prácticamente en la ruina”.
Además, “si el recurso sale adelante, se abre la puerta a que los afectados por los cierres puedan solicitar indemnizaciones”, destaca la líder popular. Si este recurso prospera, al final se decretaría la nulidad de esas resoluciones, lo que podría ocasionar que los sectores que tuvieron que cerrar sus actividades pudieran reclamar la indemnización por todos los perjuicios sufridos por este cierre.
La consejería de Salud dispone ahora de un plazo de 20 días para remitir al TSJA los expedientes administrativos solicitados, según la diligencia de este órgano judicial. Esto es, para hacer llegar al Tribunal los informes técnicos justificativos a los que hace referencia el recurso.
El recurso ha sido planteado por el procedimiento ordinario para, de esta manera, recurrir tanto la resolución del día 18 como la del día 3, puesto que fue desde la primera resolución cuando se empezó a causar el perjuicio a los sectores que tuvieron que cerrar.
En el recurso se solicita que se declaren nulas y no ajustadas a derecho ambas resoluciones, tanto por “falta de proporcionalidad” ante la arbitrariedad del cierre de unas actividades frente a otras, como por “falta de motivación” al no existir los informes técnicos justificativos. Ya que en ningún momento se acredita que esos establecimientos que se cierran son los causantes del incremento de la pandemia.