Madrid, 11 feb (EFE).- El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha defendido hoy la necesidad de modificar la regulación de la justicia universal en España para clarificar «qué se puede o no se puede hacer» y al tiempo evitar que se convierta en una suerte de «disputas inútiles que sólo generan conflictos diplomáticos».

En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Alonso ha respondido así sobre la proposición de ley del PP que se debate esta tarde en el pleno y que pide una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para limitar las condiciones en las que un juez español puede investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional.

La proposición de los populares se debatirá esta tarde después de que la Mesa del Congreso -oída la Junta de Portavoces- haya rechazado hoy por segunda vez la petición del PSOE para que se solicitara un informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de su tramitación parlamentaria.

Alonso ha defendido que, «contrariamente a lo que se va diciendo por ahí», su propuesta es un intento de cambio normativo que pretende poner claridad y acomodar nuestra legislación al derecho internacional y a los convenios que ha firmado España.

«Muchas veces se promete mucho, se genera una gran expectativa, pero pasados los años no consigue ningún resultado y en cambio sí se consiguen conflictos y, además, en actuaciones que no se compadecen con la manera de actuar de nuestros socios y los países de nuestro entorno», ha afirmado.

Según ha señalado, la actual legislación cumple «de manera imperfecta» con el principio de no intervención que establece la Carta de Naciones Unidas en el sentido de que la intervención española fuera de su ámbito de soberanía es «excepcional».

Además, ha destacado que la iniciativa del PP amplía el listado de delitos que pueden ser perseguibles fuera de nuestro país más allá de los relacionados con el terrorismo, el tráfico de seres humanos o el narcotráfico.

En este sentido, ha explicado que se podrán perseguir delitos de violencia de género, que no estaban incluidos, o supuestos como la mutilación genital femenina, que ahora sólo es perseguible cuando el agresor regresa España y el PP propone que se pueda actuar contra él cuando sea residente en territorio español, aunque no regrese a nuestro país.

En el caso de delitos contra menores -ha añadido-, solo se contemplan los de prostitución o corrupción menores, mientras que el PP plantea que pueda aplicarse la jurisdicción universal a cualquier otra agresión sexual a menores.

Para Alonso, un ejemplo «bien explicativo» es también el «turismo sexual», que antes no se podía perseguir y sí se podrá cuando se apruebe la reforma del Partido Popular.

El portavoz del grupo popular ha insistido en que su partido tiene «ganas de debate» y de poder explicar su propuesta, así como una «disposición absoluta» a abordar los cambios con la oposición y que la tramitación parlamentaria pueda mejorar el texto.

Según sus cálculos, la reforma podría estar en vigor antes del verano.