Managua, 16 ago (dpa) – El Parlamento de Nicaragua, dominado por el gobernante Frente Sandinista, emitió hoy una «declaración de repudio» al Grupo de Trabajo creado por la Organización de Estados Americanos (OEA) para dar seguimiento a la crisis en el país y que comenzó a funcionar el jueves.
El texto, aprobado por mayoría, recoge los puntos de un comunicado emitido el miércoles por el Gobierno de Daniel Ortega, expresando su «rechazo y repudio» a la instancia formada por decisión de la mayoría de Estados miembros de la OEA a inicios de este mes.
La declaración afirma que la creación del Grupo de Trabajo integrado por 12 países, entre estos Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos y México, «violenta la soberanía e interviene en los asuntos internos de Nicaragua».
Los diputados acordaron «respaldar la decisión del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de no recibir dicha comisión en nuestro suelo patrio», indicó el documento, denominado «Declaración de rechazo al injerencismo».
El Grupo de Trabajo para Nicaragua de la OEA celebró este jueves en Washington su primera reunión formal, en la que Canadá y Chile fueron elegidos como presidente y vicepresidente, respectivamente.
El grupo tiene el objetivo de contribuir a la búsqueda de soluciones para la peor crisis en décadas en Nicaragua. Desde abril han muerto al menos 450 personas, según organizaciones de derechos humanos. El Gobierno de Daniel Ortega reconoce 198.
El grupo está integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú. Su creación se aprobó a principios de mes con una resolución que tuvo el voto de 20 de los 34 países que se sientan en el consejo permanente de la OEA.
Además de los 12 países integrantes del Grupo de Trabajo para Nicaragua, en la reunión de hoy participaron el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y María Claudia Pulido, una de las secretarias ejecutivas adjuntas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las protestas en Nicaragua estallaron el 18 de abril y se agravaron tras la violenta reacción de la Policía y paramilitares contra manifestantes civiles. Además de los muertos y heridos, más de 400 personas han sido detenidas según organismos humanitarios.